- Tampico, TAM.- Detrás de cada título universitario hay una historia de esfuerzo, pero para la familia Ortega, el sueño de ver a su hijo ejercer como abogado se ha convertido en una auténtica pesadilla. Elizabeth Ortega, madre de familia afectada, relató el doloroso vía crucis que vive junto a su hijo Gerardo Ortega, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Valle del Bravo (UVB) Campus Tampico, una institución que se ostenta de «prestigio y renombre», pero que hoy enfrenta serias acusaciones de fraude escolar al retener los títulos de toda una generación.
Para Elizabeth, el camino no fue fácil. Al llegar el momento de la graduación, la situación económica se complicó: no logró cubrir las cuotas escolares en enero ni en febrero. Desesperada para que su hijo pudiera participar en la ceremonia de graduación y formar parte del grupo de egresados, en el mes de marzo tomó una decisión drástica: solicitar un préstamo de emergencia.
En total, la madre de familia terminó pagando la cantidad de 32,000 pesos, dinero que fue cobrado en su totalidad por la universidad. A pesar de haber liquidado hasta el último centavo y de que el joven recurrió a un juicio de amparo para exigir sus derechos, la institución educativa simplemente no ha dado una respuesta favorable.
«Es una universidad de prestigio, de renombre. Dijera usted que es una escuela que no tiene los medios, pero sí los tiene», expresó con impotencia Elizabeth Ortega, al recordar el hermetismo con el que directivos de la UVB se han conducido ante el reclamo de los padres. Recordó con tristeza que el plantel mostró una postura sumamente rígida y fría durante el proceso, llegando al extremo de excluir de la ceremonia a aquellos alumnos que no pudieron pagar a tiempo.
El impacto de esta omisión institucional ha frenado en seco el futuro profesional de Gerardo. La carrera de Derecho es una profesión delicada y estricta; sin un título y una cédula profesional, es imposible litigar o ingresar al sistema judicial formal.
Actualmente, ante la falta de documentos oficiales, Gerardo se ve obligado a trabajar únicamente como pasante en un despacho jurídico. Ahí, las funciones que puede realizar son limitadas: no puede ingresar a las salas de audiencias ni participar formalmente en los módulos judiciales. Su remuneración económica apenas alcanza para cubrir los pasajes del día a día, una realidad muy lejana a la de un profesionista titulado que pagaba colegiaturas mensuales de entre 4,000 y 5,000 pesos durante su etapa estudiantil.
«A mí me duele que una escuela de supuesto prestigio afecte la carrera de toda una generación», sentenció Elizabeth. Al igual que decenas de familias que realizaron sacrificios económicos extraordinarios, los Ortega exigen que las autoridades educativas federales y estatales intervengan de inmediato para frenar este atropello y obligar a la Universidad Valle del Bravo a entregar los documentos que por derecho y esfuerzo les corresponden.
