Tampico, Tam.- Padres de familia y exalumnos de la Universidad Valle Bravo (UVB) Campus Tampico protestaron y denunciaron públicamente un presunto fraude educativo por parte de la institución, la cual ha retenido la entrega de títulos y cédulas profesionales a más de 30 egresados de la generación 2020-2023, afectando su derecho a ejercer laboralmente.
Luis Enrique Montes García, padre de uno de los alumnos afectados, informó acompañado de
Otros paterfamilias que los egresados de carreras como Derecho, Mercadotecnia, Negocios Internacionales y Gastronomía concluyeron la totalidad de sus planes de estudio, presentaron sus exámenes y liquidaron montos de entre 25,000 y 29,000 pesos exclusivamente por el trámite de titulación, acumulando una inversión total por carrera de aproximadamente 180,000 pesos por estudiante, sin que hasta el momento hayan recibido sus documentos.
La gravedad del caso aumentó luego de que los afectados recurrieran a un Juzgado de Distrito para solicitar informes escritos. En su última respuesta, fechada el 18 de mayo, la universidad intentó deslindarse argumentando que los expedientes se encontraban bajo el resguardo y trámite de las autoridades educativas del estado de Tamaulipas.
Sin embargo, los padres de familia exhibieron un oficio oficial firmado por la maestra María Elena Bolaños García, jefa del Departamento de Servicios Escolares del Estado, el cual desmiente categóricamente a la Universidad Valle Bravo. El documento oficial señala textualmente que dicha institución educativa «no ha requerido a esta autoridad autenticación de documento alguno» y aclara de manera contundente que el plantel «no cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para impartir educación del tipo superior en el ámbito estatal».
Montes García detalló que los jóvenes se encuentran en la incertidumbre, sospechando que el retraso se debe a problemas internos de la universidad relacionados con cambios de razón social y la falta de revalidaciones oficiales tras la transición que vivieron como estudiantes desde el sistema UVM.
Ante el perjuicio económico y profesional ya que los egresados no pueden postularse a puestos formales y solo aspiran a empleos como pasantes, los padres de familia hicieron un llamado enérgico a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades estatales para que tomen cartas en el asunto.
Asimismo, adelantaron que se encuentran evaluando iniciar acciones legales colectivas por daños y perjuicios ante lo que califican como un evidente fraude a la educación.
