Tampico, TAM.- Cinco pilotos de puerto anunciaron que presentarán demandas civiles y una denuncia penal por presunto abuso de autoridad, luego del aseguramiento de sus vehículos durante un operativo derivado de una orden de cateo ejecutada en marzo pasado en los sectores Lagunas de Miralta y Arenal de Tampico.
En conferencia de prensa, acompañados por los abogados Tomás Jesús González Santiago y Dulce María Torres, señalaron que las unidades fueron adquiridas con recursos obtenidos por su trabajo como pilotos de puerto y no como patrimonio del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, Delegación Tampico.
Los afectados fueron identificados como Raúl Gómez Sarabia, propietario de un Toyota modelo 2025; Héctor Alonso, propietario de una camioneta Terrier; Justidiano Méndez, propietario de un vehículo Renault; Miguel Ángel Deanda, propietario de una camioneta GMC; y José Ramón, propietario de un Volkswagen Jetta modelo 2024. De acuerdo con la defensa, dos de ellos tenían además dos vehículos más que también fueron decomisados.
Los abogados explicaron que, al ingresar a laborar, los pilotos fueron afiliados al sindicato, el cual les pidió firmar un poder para recibir directamente los pagos generados por los servicios de pilotaje. Posteriormente, los recursos eran distribuidos mediante pagos quincenales y un remanente trimestral.
Añadieron que el dinero administrado por la organización correspondía al salario de cada trabajador, por lo que cuando alguno decidía comprar un vehículo, solicitaba que el pago se hiciera directamente a la agencia automotriz con recursos acumulados a su favor. Aunque inicialmente las facturas eran expedidas a nombre del sindicato, después eran endosadas o refacturadas simbólicamente a favor del trabajador.
La controversia surgió, afirmaron, cuando los cinco pilotos decidieron separarse del sindicato, ejerciendo su derecho constitucional de libre asociación previsto en el artículo 9 de la Constitución. Tras su salida, la organización sindical comenzó a reclamar la propiedad de los vehículos y promovió acciones legales para recuperarlos.
La defensa sostuvo que el Ministerio Público obtuvo una orden de cateo al argumentar que las unidades pertenecían al sindicato, presentando únicamente las facturas originales. Sin embargo, señalaron que una factura por sí sola no acredita de manera absoluta la propiedad de un bien, criterio que, aseguraron, ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los afectados relataron que durante la ejecución de los cateos participaron elementos de la Secretaría de Marina y corporaciones policiacas, quienes ingresaron a sus domicilios con un importante despliegue de seguridad, situación que, dijeron, les ocasionó afectaciones patrimoniales, psicológicas, emocionales y a su reputación, al ser exhibidos públicamente como presuntos delincuentes.
Asimismo, negaron haber contado con órdenes de aprehensión y afirmaron que siempre han estado dispuestos a comparecer ante las autoridades para aclarar el conflicto.
Los abogados informaron que además de las acciones civiles para reclamar los daños ocasionados, presentarán una denuncia penal por el presunto abuso de autoridad cometido durante la integración de la carpeta de investigación y la ejecución de los cateos, al considerar que se actuó con información incompleta respecto a la propiedad de los vehículos.
