Altamira
Transportistas de carga advirtieron que podrían realizar un paro nacional si el Gobierno Federal no atiende sus exigencias de mayor seguridad en carreteras, rehabilitación de la infraestructura vial y revisión de las modificaciones fiscales que, aseguran, elevarán sus costos de operación y terminarán impactando el bolsillo de los consumidores.
Durante una movilización pacífica realizada en el sur de Tamaulipas, Anuar Renaud Torres, subdelegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), informó que la participación creció de aproximadamente 200 unidades al inicio del recorrido a entre 700 y mil vehículos, con el respaldo de más de 150 empresas de la región y distintas organizaciones del sector.
Entre las principales demandas destacan mayores garantías de seguridad para los operadores, mejores condiciones de las carreteras y una revisión de los cambios fiscales que afectan a las empresas transportistas. Asimismo, solicitaron que el autotransporte de carga sea reconocido como una actividad esencial por su importancia para el abastecimiento de mercancías en todo el país.
Los representantes del sector estimaron que la eliminación de estímulos fiscales podría elevar más de 30 por ciento los costos de los fletes, situación que repercutiría en las cadenas de distribución y, eventualmente, en los precios de productos de la canasta básica, medicamentos, materiales de construcción y otros artículos de consumo.
Advirtieron que las modificaciones tributarias también podrían reducir los ingresos de los operadores, al incrementar la carga fiscal que enfrentan dentro de una actividad que ya soporta gastos elevados por combustible, mantenimiento, casetas y condiciones de inseguridad en las rutas de transporte.
A estas dificultades se suma la preocupación por la próxima implementación de la jornada laboral de 40 horas, que, de acuerdo con los transportistas, podría complicar la disponibilidad de conductores si no se establecen condiciones adecuadas para reorganizar los turnos y mantener la operación logística.
Los inconformes señalaron que, de no obtener respuestas concretas de las autoridades federales, el sector podría escalar las movilizaciones hasta llegar a una suspensión de actividades a nivel nacional. Advirtieron que la falta de acuerdos no solo afectaría a las empresas transportistas, sino también al suministro de mercancías y a diversos sectores económicos que dependen del traslado terrestre de productos.
