Altamira, Tam.- Colectivos de personas con discapacidad, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento público para denunciar presuntos actos de discriminación y falta de atención adecuada ocurridos en la sucursal Centro del Banco del Bienestar en Altamira durante la jornada de cobro de programas sociales.
De acuerdo con el documento, durante la atención a beneficiarios se registró un altercado entre familiares de personas adultas mayores y usuarios con discapacidad, en el que, según los denunciantes, hubo amenazas con armas punzocortantes contra personas con discapacidad y sus acompañantes, luego de que se cuestionara su derecho a recibir atención prioritaria.
Los activistas también señalaron que, ante la situación, personal de la institución presuntamente negó la atención presencial a las personas con discapacidad, indicándoles que utilizaran un cajero automático o que acudieran con un familiar para realizar el trámite, decisión que calificaron como contraria a los principios de inclusión y accesibilidad.
Asimismo, afirmaron que durante el incidente no hubo presencia de elementos de seguridad ni de autoridades de apoyo, lo que, aseguran, dejó a las personas involucradas en estado de indefensión.
En el pronunciamiento, los colectivos sostienen que estos hechos podrían representar una vulneración al artículo 1º de la Constitución, así como a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al considerar que no se garantizaron ajustes razonables ni atención prioritaria.
Como parte de sus demandas, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) iniciar una investigación de oficio sobre lo ocurrido, además de pedir al Banco del Bienestar revisar y reforzar sus protocolos de atención, capacitar a su personal en materia de derechos humanos e inclusión, y restablecer mecanismos de atención prioritaria para personas con discapacidad.
El pronunciamiento fue firmado por los defensores de derechos humanos Celso Pérez Ruiz y Ana Karen López Quintana, en representación de colectivos de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil de Altamira.
Hasta el momento, el Banco del Bienestar no ha emitido una postura oficial sobre los hechos denunciados.
