Altamira, Tam.- La diputada federal, Blanca Araceli Narro Panameño, presentó una iniciativa para obligar a los jueces a ordenar la entrega de copias de los expedientes de investigación directamente en los centros penitenciarios, con el propósito de fortalecer el derecho de defensa de los imputados. En México, al menos 86 mil personas privadas de la libertad no han recibido sentencia, el equivalente al 36.3 por ciento de la población penitenciaria en nuestro país.
De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025 del INEGI, había 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México. De ellas, 86 mil permanecían sin sentencia, equivalente al 36.3 por ciento del total. En los penales estatales la proporción ascendía a 37.3 por ciento, mientras que en los federales era de 26.7 por ciento.
«Los datos referidos muestran que una parte significativa de la población penitenciaria mantiene procedimientos penales en curso y, por tanto, requiere condiciones efectivas para conocer el estado de sus expedientes, preparar su defensa y ejercer los medios procesales que correspondan», sostuvo la legisladora morenista Blanca Narro.
La iniciativa, presentada ante la Comisión Permanente, modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que la autoridad jurisdiccional ordene la entrega de las constancias por conducto de la autoridad penitenciaria, con el fin de evitar que el internamiento limite el derecho de defensa.
Narro argumentó que, aunque la legislación reconoce el derecho de toda persona imputada a conocer los actos del proceso penal, quienes permanecen recluidos enfrentan obstáculos materiales para revisar expedientes, consultar actuaciones judiciales o allegarse de copias necesarias para impugnar resoluciones o preparar recursos.
«Tratándose de personas privadas de la libertad, las garantías previstas en los artículos 17 y 20 constitucionales requieren que la autoridad adopte medidas para superar los obstáculos propios del internamiento, ya que no permitir conocer el expediente puede impedir el ejercicio del derecho a la defensa», afirmó la legisladora del Distrito 06 electoral federal de Tamaulipas.
La reforma establece que, una vez autorizadas por el juez, las copias sean remitidas al centro penitenciario para su entrega al interno, sin modificar las atribuciones de la autoridad judicial.
«La autoridad penitenciaria no sustituye la función jurisdiccional ni decide sobre el contenido del expediente, sino que actúa como conducto material para hacer llegar a la persona privada de la libertad las copias autorizadas por quien conoce del procedimiento», explicó.
La diputada sostuvo que la propuesta incorpora a la legislación ordinaria criterios derivados de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.
«La finalidad es que el internamiento no se convierta en una causa de indefensión, sino que el sistema jurídico cuente con una regla clara para garantizar que toda persona interna pueda conocer las actuaciones que inciden en su situación jurídica, preparar su defensa y ejercer oportunamente los derechos procesales que le corresponden. Contar con las copias del expediente es un derecho, no un privilegio», señaló.
