Altamira, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, la diputada federal de Morena, Blanca Araceli Narro Panameño, presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que cualquier Ministerio Público del país pueda actuar de manera inmediata, independientemente de la jurisdicción donde hayan ocurrido los hechos.
La propuesta contempla la adición del artículo 211 Bis al citado ordenamiento legal, con el propósito de evitar retrasos en la atención de menores que hayan sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual, garantizando la preservación de pruebas, atención médica y psicológica urgente, así como medidas de protección inmediatas.
Actualmente, las reglas de competencia territorial establecen qué fiscalía debe conocer formalmente una investigación. Sin embargo, esta situación puede generar obstáculos cuando una víctima requiere atención urgente fuera de la jurisdicción donde ocurrió el delito. La iniciativa busca eliminar esas barreras mediante una disposición expresa que permita la intervención inmediata de cualquier autoridad ministerial cuando estén involucrados menores de edad.
Narro Panameño fundamentó su propuesta en un criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 667/2023, relacionado con un caso de presunto abuso sexual infantil. En dicha resolución, la Corte estableció que las autoridades ministeriales tienen la obligación constitucional de recibir denuncias y recabar pruebas urgentes para proteger a las víctimas, sin importar el lugar donde se haya cometido el delito.
La legisladora destacó que la reforma cobra especial relevancia ante los altos índices de violencia que aún enfrentan niñas, niños y adolescentes en México.
De acuerdo con datos incluidos en la exposición de motivos, el 31.6 por ciento de las adolescentes mexicanas de entre 15 y 19 años reportó haber sufrido algún tipo de violencia durante la infancia. De ese total, el 20.4 por ciento fue víctima de violencia física, el 11.6 por ciento de violencia emocional y el 10.2 por ciento de violencia sexual. Además, el 7.7 por ciento señaló haber sufrido tocamientos sexuales durante su niñez.
Asimismo, durante 2022 la tasa de violencia intrafamiliar fue de 31.5 casos por cada cien mil niñas de entre 10 y 14 años y de 92.5 casos por cada cien mil adolescentes de entre 15 y 19 años. En ese mismo año se registraron 6 mil 188 muertes violentas de personas menores de 18 años en el país.
La iniciativa establece que el Ministerio Público podrá recibir denuncias, realizar entrevistas, ordenar valoraciones médicas y psicológicas, recabar pruebas periciales y ejecutar diligencias urgentes para proteger a los menores, aun cuando posteriormente la carpeta de investigación deba ser remitida a la fiscalía territorialmente competente.
Además, plantea que la falta de competencia territorial no sea motivo para invalidar las actuaciones realizadas cuando éstas tengan como finalidad proteger de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito.
La diputada argumentó que la ausencia de una disposición específica genera incertidumbre jurídica tanto para las víctimas como para las autoridades encargadas de procurar justicia, lo que puede derivar en obstáculos para el acceso efectivo a la justicia y aumentar los riesgos de revictimización.
De ser aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma incorporaría de manera expresa al Código Nacional de Procedimientos Penales un mecanismo que privilegie el interés superior de la niñez y garantice una respuesta inmediata de las autoridades ante situaciones de riesgo para menores de edad.
