Suspenden a médicos de Médica Salve; caso por presunta negligencia que cobró una vida de un paciente

Altamira, Tam.- La justicia comenzó a cerrar el cerco en torno a uno de los casos de presunta negligencia médica que más indignación ha generado en el sur de Tamaulipas durante los últimos meses.
En una audiencia celebrada este jueves en el Centro Integral de Justicia Penal de Altamira, la Jueza de Control María Ciria Mora González, determinó imponer la medida cautelar de suspensión temporal del ejercicio profesional a los médicos Mario Alberto «P» y Pedro «G», quienes enfrentan acusaciones relacionadas con la muerte de Diego Armando Alejandre Galindo.
La resolución judicial representa un duro revés para los especialistas señalados y marca un avance significativo en una investigación que durante meses ha sido seguida de cerca por familiares de la víctima y por la opinión pública de la zona conurbada.
Los profesionistas son investigados por los delitos de homicidio culposo por responsabilidad profesional y violencia intrafamiliar equiparada, derivado de hechos ocurridos tras una intervención médica practicada en el hospital Médica Salve ubicado en la prolongación de la Avenida Hidalgo en Tampico.
De acuerdo con la carpeta de investigación y los señalamientos hechos por la familia del fallecido, Diego Armando Alejandre ingresó al nosocomio para someterse a una cirugía derivada de complicaciones intestinales. Sin embargo, su estado de salud comenzó a deteriorarse aceleradamente después del procedimiento.
Pese a no ver mejoría, el paciente fue dado de alta del Hospital Médica Salve, sin embargo su esposa al verlo en un estado crítico decidió llevarlo al Hospital Cemain dónde los galenos nada pudieron hacer, pues su condición médica estaba extremadamente deteriorada por lo que perdió la vida días después.
La viuda de la víctima, Berenice Sánchez Arredondo, quien estuvo presente durante la audiencia, ha sostenido públicamente que existieron omisiones médicas graves durante la atención de su esposo y que las advertencias sobre el deterioro del paciente no fueron atendidas con la prontitud requerida. Desde principios de año que la familia denunció presuntas fallas en la atención postoperatoria y retrasos en la respuesta médica cuando la condición de Diego Armando ya era crítica.
El caso comenzó a cobrar notoriedad pública en enero pasado, cuando familiares y representantes legales denunciaron que el paciente habría sido dado de alta pese a presentar complicaciones severas.
En el hospital Cemain donde finalmente perdió la vida se informó que fue a consecuencia de una infección generalizada, según la versión expuesta por sus familiares.
La decisión de la jueza no implica todavía una sentencia condenatoria; sin embargo, especialistas consultados en distintos procesos similares consideran que una suspensión profesional como medida cautelar refleja la seriedad de los señalamientos que actualmente se encuentran bajo análisis judicial.
La existencia o no de responsabilidad penal será determinada conforme avance el procedimiento.
Ahora todas las miradas están puestas en la audiencia programada para el próximo 16 de junio, fecha en la que se resolverá si existen elementos suficientes para vincular formalmente a proceso a los imputados.
Para la familia de Diego Armando, la resolución representa apenas el primer paso en una lucha que inició tras la pérdida del sostén de un hogar y padre de familia de apenas 38 años de edad.
Para la sociedad tamaulipeca, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que durante años ha aparecido de manera recurrente en la región: las denuncias por presunta negligencia médica y la exigencia de que los casos no queden en la impunidad.
Mientras la defensa de los médicos prepara sus argumentos y la Fiscalía continúa integrando pruebas, el expediente avanza en los tribunales y podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos sobre presunta responsabilidad profesional médica registrados en el sur de Tamaulipas durante los últimos años.