Infancia y justicia, ejes de una agenda legislativa inconclusa

Ciudad Madero, Tamps.- En el cierre del periodo legislativo, la diputada federal Blanca Narro Panameño traza un balance que combina avances parciales, pendientes sensibles y advertencias sobre los riesgos de politizar la justicia. Entre las ocho iniciativas discutidas, la legisladora identifica una prioridad que no logró concretarse: la regulación del uso de la imagen de menores en propaganda electoral, una propuesta que, sostiene, busca proteger derechos sin restringir libertades.
“Todas tienen un punto de importancia”, afirma, al referirse al conjunto de iniciativas trabajadas durante el periodo. Sin embargo, reconoce que el proyecto enfocado en la niñez quedó rezagado por factores coyunturales. “Lamentamos no haber sacado adelante el tema de la protección de los menores en cuanto al uso de sus rostros en propaganda electoral”, explica. La cercanía de procesos electorales en Coahuila influyó en la decisión de posponer su discusión, aunque confía en que pueda retomarse en un periodo extraordinario previsto para finales de mayo.
Lejos de prohibir la participación de menores en campañas, la propuesta proyecta un esquema de consentimiento informado. “No podemos impedir que haya padres que les guste que sus hijos participen en fotografías o propaganda”, puntualiza. El objetivo, insiste, es establecer un mecanismo formal mediante el cual los padres autoricen, de manera expresa y documentada, el uso de la imagen de sus hijos. “Aquí lo que queremos es que el padre esté informado”, subraya, en una postura que busca equilibrar derechos individuales con la protección de la infancia frente a posibles usos indebidos.
El debate sobre la imagen infantil se entrelaza con un reto más amplio: el impacto de la inteligencia artificial en los procesos electorales. Para Narro Panameño, se trata de un terreno donde la regulación enfrenta límites estructurales. “No podemos regular todo”, reconoce, al tiempo que advierte sobre el potencial de estas herramientas para distorsionar la realidad. “Se puede duplicar tu voz, tu imagen”, señala, describiendo un escenario que, admite, genera inquietud.
Aun así, la diputada considera que existen mecanismos para contrarrestar estos riesgos. “Siempre hay maneras de demostrar quién es uno y quién no”, afirma, en referencia a la verificación de identidad en entornos digitales. Su postura refleja una tensión recurrente en la agenda legislativa actual: la necesidad de normar sin sofocar la innovación ni caer en controles ineficaces frente a tecnologías en constante evolución.
En el ámbito judicial, la legisladora adopta una posición cautelosa ante las acusaciones que involucran a figuras políticas, particularmente en contextos internacionales. Ante cuestionamientos sobre el gobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moya señalado por autoridades estadounidenses, insiste en la vigencia de principios fundamentales. “Se presume inocente hasta que no se compruebe lo contrario”, recalca, enfatizando que cualquier proceso debe desarrollarse dentro de los cauces legales correspondientes.
Más allá del caso específico, Narro Panameño advierte sobre los peligros de utilizar estos señalamientos con fines políticos. “No podemos politizar un tema tan importante que tiene que ver con la justicia y la seguridad de nuestro país”, sostiene. A su juicio, mezclar agendas partidistas con procesos judiciales debilita las instituciones y desvía la atención de los procedimientos legales que deben seguir su curso.
La legisladora también alude a antecedentes de cooperación internacional que de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, de extracción Panista, en su opinión, han generado controversia, como intervenciones permitidas por autoridades locales. Estos episodios, afirma, obligan a reflexionar sobre los límites de la soberanía y la forma en que México enfrenta investigaciones externas sin comprometer su marco jurídico interno.
En conjunto, su balance revela una agenda marcada por tensiones: entre protección y libertad, regulación y tecnología, justicia y polarización. Con iniciativas pendientes y debates abiertos, el próximo periodo legislativo se perfila como un espacio clave para definir hasta dónde puede —y debe— llegar el Estado en la defensa de derechos en un entorno cada vez más complejo.