Tampico, TAM.- Un grupo de trabajadoras federales del área de empleo en Tamaulipas denunció presuntas irregularidades laborales, entre ellas la imposición de un nuevo contrato que eliminaría su antigüedad, así como la retención de pagos, situación que calificaron como injusta y preocupante.
En rueda de prensa, María de Jesús Servín Rodríguez, quien se desempeña como Consejera de Empleo Analista B y Beatriz Mendoza Cors, del área de concertación empresarial del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas base Tampico, explicaron que la problemática principal radica en la intención de obligarlas a firmar un contrato en el que “no tendrían derechos laborales”, pese a que algunas cuentan con más de 30 años de servicio continuo.
Las afectadas señalaron que el pasado 20 de abril fueron notificadas en una reunión virtual sobre modificaciones laborales impulsadas desde el área de recursos humanos del gobierno estatal.
Entre los cambios planteados, se incluye el pago de impuestos —lo cual dijeron no rechazar—, pero a costa de perder su antigüedad, lo que implicaría dejar sin reconocimiento décadas de trabajo.
Además, denunciaron que hasta el momento no han recibido su salario correspondiente a la última quincena, y que existe la advertencia de que los pagos podrían retrasarse hasta mayo si no firman el nuevo contrato.
“Nos están dejando sin opciones, prácticamente obligándonos a firmar un documento que nos desampara totalmente”, expresaron.
De acuerdo con la información proporcionada, son alrededor de 47 trabajadores en todo el estado los que enfrentan esta situación, distribuidos en municipios como Tampico, Altamira, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y El Mante. En el caso específico de Tampico, seis trabajadoras continúan laborando bajo protesta, pese a no haber recibido pago.
Las inconformes detallaron que anteriormente operaban bajo esquemas sin prestaciones formales, pero con estabilidad laboral, salario neto y compensaciones periódicas. Sin embargo, aseguran que el nuevo modelo elimina incluso esos beneficios sin ofrecer garantías claras.
También señalaron una aparente contradicción institucional, ya que, como parte de sus funciones, promueven empleos formales que exigen prestaciones de ley para los trabajadores, mientras que ellas mismas carecen de esas condiciones.
Las trabajadoras indicaron que ya enviaron oficios a distintas instancias, incluyendo autoridades estatales, en busca de diálogo y solución al conflicto. Asimismo, hicieron un llamado al gobernador Américo Villarreal Anaya para que atienda su situación.
Aunque no descartan acciones más firmes, como manifestaciones o toma de oficinas, reiteraron que su prioridad es el diálogo y alcanzar un acuerdo que respete sus derechos laborales, incluyendo el reconocimiento de su antigüedad y el acceso a prestaciones.
Señalaron que continuarán trabajando bajo protesta mientras esperan una respuesta oficial, confiando en que su caso sea atendido y se evite afectar a decenas de familias que dependen de estos ingresos.
