Administración admite omisión en el uso de locales en el Mercado del Norte de Tampico

Tampico, Tamps.- En medio del esfuerzo institucional por reposicionar al Mercado del Norte como un polo turístico y comercial, la administradora del recinto, Juanita Santillana, reconoció una omisión en la aplicación del reglamento interno que prohíbe el uso de locales como bodegas, una práctica que, de acuerdo con un recorrido documentado, afecta a más de una decena de espacios cerrados en horario operativo.
La admisión se produjo durante un intercambio directo con este periodista, quien cuestionó la aparente contradicción entre la inversión pública destinada a la modernización estética del mercado —impulsada por la alcaldesa Mónica Villarreal— y la persistencia de locales sin actividad comercial visible.
“Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices”, afirmó Santillana al inicio de la entrevista, al ser confrontada con la evidencia de locales cerrados en pleno horario de funcionamiento. La funcionaria defendió, sin embargo, el proyecto de embellecimiento: “El mercado está bello, se está remodelando de manera positiva”, subrayó, al tiempo que destacó los mensajes de reconocimiento que, según dijo, recibe diariamente.
No obstante, la discusión se centró en un punto neurálgico: el cumplimiento del reglamento. A pregunta expresa sobre la razón por la cual algunos locales permanecen cerrados o son utilizados como bodegas —en contravención de la normativa—, Santillana confirmó la irregularidad. “Esos locales que están cerrados son propiedad de los mismos locatarios que los tienen como bodega”, explicó.
El señalamiento adquiere mayor relevancia en un contexto donde el reglamento es claro. “El reglamento marca que las concesiones no se deben tener como bodega”, reconoció la administradora. Sin embargo, admitió que no se han aplicado sanciones ni procedimientos formales para corregir la situación. “No se ha hecho… lo hemos hecho de manera concientizando a que los abran”, señaló.
La falta de acciones documentadas fue uno de los puntos más críticos del diálogo. Ante la pregunta de si existían oficios o notificaciones formales dirigidas a los locatarios incumplidos, la respuesta fue contundente: “No lo ha hecho por la vía escrita”, se le cuestionó, a lo que Santillana respondió implícitamente al reconocer la ausencia de ese mecanismo administrativo.
En términos jurídicos, es omisión administrativa. La entrevista abordó la posible configuración de una responsabilidad administrativa derivada de la inacción frente a una norma vigente. Al respecto, Santillana terminó por ceder: “Está bien… lo acepto y te aseguro que voy a hacer la petición por escrito”, afirmó, comprometiéndose a notificar tanto a sus superiores como a las instancias correspondientes.
La aceptación de esta omisión ocurre en un momento en que la administración municipal ha apostado por una narrativa de transformación urbana, en la que los mercados públicos juegan un papel simbólico y funcional. Desde el inicio de la gestión, la alcaldesa promovió la rehabilitación del Mercado del Norte como parte de una estrategia para atraer turismo y reactivar la economía local.
Santillana defendió esa visión. “Fue una promesa de campaña y la cumplió”, dijo sobre la intervención municipal, destacando que el mercado había sido “totalmente abandonado” en administraciones anteriores. Según su versión, la actual inversión busca revertir ese deterioro estructural y devolverle competitividad al recinto.
Sin embargo, la persistencia de locales cerrados —estimados entre ocho y más de diez, de un total aproximado de 140— introduce una disonancia en el discurso oficial. El problema no es cuantitativo sino cualitativo: el incumplimiento del objetivo para el cual fue creado el mercado.
“Existe un reglamento y ese reglamento se tiene que acatar”, se le insistió durante la entrevista. Desde una perspectiva de derecho administrativo, señaló que la falta de uso adecuado de los locales puede implicar una afectación al interés público, especialmente cuando se trata de bienes concesionados bajo condiciones específicas.
Santillana, por su parte, intentó matizar la dimensión del problema. “Es muy mínimo… son ocho o diez locales de 140”, argumentó. No obstante, reconoció que la situación requiere atención: “Debe de haber un procedimiento… se les invita a la gente”, explicó, aunque sin detallar acciones concretas previas.
La ausencia de procedimientos formales fue otro punto de tensión. La administradora admitió que no ha presentado ningún oficio ante la Contraloría municipal. “Yo no he llevado ningún oficio a Contraloría”, dijo, lo que refuerza la percepción de una gestión basada más en acuerdos informales que en mecanismos institucionales.
Se le insistió en la relevancia sobre la vía administrativa. “El control gubernamental exige no solo conocimiento del reglamento, sino su aplicación efectiva”, planteó durante el intercambio. En ese sentido, la omisión no solo compromete la operatividad del mercado, sino también la responsabilidad de los servidores públicos encargados de su administración.
A pesar de ello, Santillana defendió la transparencia de su gestión. “Trabajamos de una manera transparente… es lo que la presidenta nos ha pedido”, sostuvo. Sin embargo, la propia dinámica de la entrevista evidenció vacíos en la implementación de esa premisa, particularmente en lo relativo al cumplimiento normativo.
El caso también revela tensiones internas en torno al proyecto de modernización. Mientras la administración municipal impulsa una nueva imagen del mercado —con elementos estéticos inspirados en la identidad huasteca—, existen críticas tanto de actores políticos como de algunos sectores sociales.
Santillana desestimó esas voces. “Es muy valioso que haya opiniones diversas”, afirmó, aunque también sugirió que algunas críticas responden a intereses personales o rivalidades políticas. “Cada quien opina conforme al lente con que ve las cosas”, añadió.
El fondo del problema radica en la coherencia entre forma y función. Un mercado remodelado pero parcialmente inactivo plantea interrogantes sobre la eficacia de la política pública. La inversión en infraestructura, sin un uso pleno de los espacios, puede derivar en un rendimiento subóptimo de los recursos públicos.
En este sentido, la promesa de Santillana de iniciar acciones formales adquiere un carácter determinante. “Voy a hacerlo por escrito”, reiteró, comprometiéndose a gestionar oficios dirigidos tanto a la presidencia municipal como a la dirección de mercados.
El cumplimiento de ese compromiso será clave para evaluar si la administración logra cerrar la brecha entre discurso y práctica. La regularización de los locales no solo implica hacer valer el reglamento, sino también garantizar que el mercado funcione como un espacio dinámico, acorde con los objetivos de desarrollo económico y turístico planteados por el gobierno municipal.
Por ahora, la entrevista deja al descubierto una realidad compleja: un proyecto de modernización en marcha, respaldado por inversión pública y voluntad política, pero acompañado de deficiencias administrativas que podrían comprometer su consolidación.
En términos de gobernanza, el caso del Mercado del Norte ilustra la importancia de la congruencia institucional. La aplicación selectiva o tardía de las normas no solo debilita la autoridad administrativa, sino que también abre la puerta a prácticas que, aunque toleradas, contravienen el interés colectivo.
La admisión de la omisión por parte de la administradora marca un punto de inflexión. La pregunta que queda en el aire es si ese reconocimiento se traducirá en acciones concretas o si quedará, como tantas veces ocurre en la gestión pública, en una declaración sin consecuencias.
Mientras tanto, el Mercado del Norte continúa siendo un símbolo en disputa: entre la imagen que se proyecta y la realidad que se vive en sus pasillos semivacíos.