Tampico, Tam.- En medio de un caso que ha desatado indignación y señalamientos de presunta corrupción institucional, la ex diputada federal Gabriela “A” enfrenta prisión preventiva por el delito de retención de menores, mientras la familia afectada exige que “caiga todo el peso de la ley” y no se le conceda ningún beneficio para evadir la cárcel.
El abogado de la madre de la menor, Michell “V”, José Isabel Luna Chávez, lanzó fuertes acusaciones al asegurar que la ex funcionaria habría actuado “con todo el dolo” para quedarse ilegalmente con la niña de apenas dos años, presuntamente apoyándose en influencias políticas y judiciales en el estado de Veracruz.
La audiencia más reciente, celebrada ante la jueza María Ciria Mora, dejó como resultado la imposición de prisión preventiva justificada y un plazo de cuatro meses para el desahogo de pruebas, tiempo en el que la imputada permanecerá recluida en el CEDES de Altamira.
Una historia que indigna
De acuerdo con la versión legal de la parte afectada, el caso comenzó como un acto de confianza que terminó en un presunto abuso. En mayo, la madre accedió a que la ex diputada conviviera unos días con la menor; sin embargo, la niña nunca fue devuelta.
Lejos de eso, según el abogado, durante meses la ahora imputada habría dado evasivas mientras, en paralelo, se fraguaba una maniobra legal basada en información presuntamente falsa ante un juez familiar en Tuxpan, con la que obtuvo una figura de depositaria judicial de la menor.
El punto de quiebre llegó el 24 de septiembre, cuando la propia Gabriela “A” habría comunicado abiertamente que no entregaría a la niña.
Alerta Amber, fuga y captura
Ante la negativa, la familia inició acciones legales que derivaron en la activación de una Alerta Amber, luego de que la menor dejara de ser localizable.
El caso escaló rápidamente hasta convertirse en una búsqueda interestatal.
Fue hasta la semana pasada cuando autoridades lograron ubicar a la ex legisladora en el estado de Puebla, donde fue detenida.
La menor, por su parte, terminó bajo resguardo en una Casa Hogar, lugar en el que incluso cumplió dos años de edad.
Temor a que burle de nuevo la justicia
El equipo legal de la madre ha sido enfático: permitir que la ex diputada enfrente el proceso en libertad representaría un riesgo grave, al considerar que podría repetir el mismo esquema para sustraer nuevamente a la menor.
“Ya lo hizo una vez, utilizando influencias y estructuras del gobierno en Veracruz. Existe el temor fundado de que lo vuelva a hacer”, advirtió Luna Chávez, quien además señaló la posible complicidad de funcionarios públicos y particulares en la construcción de expedientes que calificó como “un monumento a la impunidad”.
Exigen castigo ejemplar
La familia afectada no sólo pide una sentencia condenatoria, sino que se investigue a fondo a todos los presuntos involucrados que habrían facilitado el proceso irregular para arrebatar la custodia de la menor.
Mientras tanto, el caso pone bajo la lupa el actuar de autoridades judiciales y gubernamentales, en un escándalo que podría destapar una red de complicidades más amplia.
La exigencia es clara: justicia sin privilegios. Y que, esta vez, el poder político no alcance para evadir la ley.
