Tampico, Tam.- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en Tampico, Martín Castellanos Castelán, señaló que la propuesta de reforma electoral presenta diversas lagunas legales que aún no han sido analizadas a fondo, por lo que consideró necesario revisar varios aspectos antes de impulsar cambios de mayor alcance.
Explicó que uno de los puntos clave se relaciona con lo establecido en el Artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina que ningún partido político puede contar con más de 300 diputados a nivel federal, lo que limita la sobrerrepresentación en el Congreso. 
Indicó que para alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se requieren al menos 334 legisladores, por lo que cualquier modificación a la Constitución necesariamente debe contar con el respaldo de otras fuerzas políticas, incluyendo a partidos aliados.
Castellanos Castelán explicó que, ante la falta de consensos para cambios constitucionales, lo más probable es que se realicen ajustes únicamente en leyes secundarias, ya que para reformar la Constitución se requiere además la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
Uno de los temas que, dijo, debe revisarse es el fenómeno del cambio de partido por parte de legisladores después de haber sido electos, lo que puede generar situaciones de sobrerrepresentación política.
Como ejemplo mencionó el caso del Congreso del Estado de Tamaulipas, donde la ley establece un límite de 22 diputados por partido, pero actualmente existen 26 legisladores vinculados a un mismo grupo político, debido a que algunos diputados que originalmente fueron electos por el PT y el Partido Verde posteriormente se sumaron a otra bancada.
Explicó que este tipo de situaciones no siempre están contempladas en la legislación electoral, lo que genera simulaciones políticas que deben ser corregidas en una eventual reforma. Entre las propuestas, planteó que los legisladores que cambien de partido después de ganar una elección deberían pasar a ser independientes.
Asimismo, consideró necesario revisar el tema del financiamiento público a los partidos políticos, ya que actualmente existen diferencias significativas en la distribución de prerrogativas entre las distintas fuerzas políticas.
Indicó que cualquier reforma electoral debe aprobarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, el cual comienza el 1 de septiembre, por lo que, en caso de concretarse, los cambios tendrían que quedar avalados a más tardar en junio, incluyendo su aprobación en los 32 congresos estatales.
