Al presidir la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI), el gobernador Américo Villarreal Anaya colocó el tema en el terreno correcto: la infancia no es un asunto meramente laboral, es una fractura social.
“Cualquier amenaza a sus derechos, como es el trabajo infantil, no puede circunscribirse a una problemática laboral”, dijo durante la ceremonia cívica en el Polyforum de Ciudad Victoria. En un claro reconocimiento de que detrás del trabajo infantil hay pobreza, desigualdad, abandono institucional y contextos de violencia.
La comisión instalada junto al secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, y el representante federal del Trabajo, Iván Karim Rocha Picazo, busca articular dependencias estatales, sectores sociales e iniciativa privada bajo el principio del interés superior de la niñez. En términos prácticos, se trata de coordinar lo que históricamente ha operado disperso.
Illoldi sostuvo que Tamaulipas registra una tasa de 8.7% en trabajo infantil, por debajo de la media nacional. El dato coloca al estado en una posición relativamente favorable, pero no resuelve el dilema de fondo: cada punto porcentual representa miles de niñas y niños que deberían estar en aulas, no en actividades productivas.
El gobernador también aprovechó el acto para reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando su enfoque de seguridad basado en inteligencia y atención a causas estructurales. El mensaje conecta: combatir violencia implica atender pobreza y exclusión desde la raíz.
La firma del acuerdo no resuelve por sí sola el fenómeno, pero sí coloca al Estado frente a una responsabilidad concreta: medir, intervenir y sostener resultados.
Porque el trabajo infantil no es estadística. Es síntoma de un Estado fallido
En la intimidad… Mientras en la capital se hablaba de derechos de la infancia, en Altamira se movían piezas en otro tablero igual de sensible: la certeza patrimonial.
La oficina de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento informó que sostuvo una reunión con representantes de FIFONAFE e ITAVU, junto al alcalde Armando Martínez Manríquez, para fortalecer los programas de regularización.
El mensaje político es claro: sin patrimonio regularizado no hay estabilidad familiar, y sin estabilidad no hay desarrollo.
En el sur del estado, la regularización de predios no es trámite burocrático, es tranquilidad jurídica para miles de familias que durante años han vivido en la incertidumbre.
Altamira apuesta a coordinación interinstitucional. Victoria instala comisiones contra el trabajo infantil. Dos frentes distintos, un mismo fondo: gobernabilidad social.
En Tamaulipas, el discurso de bienestar empieza a medirse en resultados concretos.
Y esa medición apenas comienza.
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