Enfoque Sociopolítico
En política, las formas importan tanto como el fondo. Y cuando un partido como el PAN se enfrenta a la definición de su dirigencia estatal en Tamaulipas, no se trata de un simple trámite estatutario, sino de un acto fundacional que puede redefinir su viabilidad electoral rumbo a 2027. La disputa interna entre dos fórmulas —una respaldada por Gloria Garza y César Verástegui, y otra encabezada por Omeheira López e Ismael García Cabeza de Vaca— no es sólo una competencia entre liderazgos; es un pulso entre concepciones de partido.
El dilema es aparentemente técnico: elegir por voto directo de la militancia o mediante consejeros estatales. El estatuto permite ambos mecanismos. Jurídicamente, no hay ilegalidad en optar por uno u otro. Pero la legalidad no agota la legitimidad. En derecho constitucional actual, la legitimidad política se alimenta de procedimientos que amplían la participación y reducen la opacidad. Y en un contexto donde la desconfianza ciudadana hacia los partidos es estructural, el método importa tanto como el resultado.
Quienes piden que “los militantes decidan” no están formulando una consigna romántica; están señalando una crisis de intermediación. En un sistema de partidos que ha transitado de la hegemonía a la fragmentación, los órganos colegiados internos suelen convertirse en filtros de poder antes que en garantes de representatividad. Elegir por consejeros puede ser estatutariamente impecable, pero políticamente riesgoso si se percibe como un mecanismo de control cupular.
Aquí es donde el análisis sociopolítico adquiere relevancia. El PAN en Tamaulipas no sólo enfrenta la competencia externa de Morena; enfrenta el desgaste acumulado de sus propias fracturas. Llamar “división” a lo que algunos prefieren denominar “democracia interna” es más que un juego semántico. Es la disputa por el relato. En términos de teoría política, la democracia interna de los partidos es condición de posibilidad para la democracia representativa. Sin ella, la selección de candidatos y dirigentes se convierte en una negociación de élites, desconectada de la base militante.
La dirigencia que surja de este proceso no sólo administrará un comité; será responsable de construir —o reconstruir— cohesión. Y la cohesión no se decreta, se legitima. Si la decisión se percibe como impuesta, el costo se pagará en 2027. Si se percibe como abierta, el resultado podrá ser adverso para algunos, pero más sólido institucionalmente.
Mientras tanto, el tablero rumbo a las elecciones locales de 2027 comienza a poblarse de nombres. Jazmín Carrión, profesora de inglés que se presenta como emprendedora y activista por las mujeres, representa la narrativa del liderazgo ciudadano con identidad social marcada. Cuauhtémoc Zaleta Alonso, abogado con experiencia como juez mixto y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en la zona sur, encarna el perfil técnico-político que mezcla experiencia jurídica y operación electoral. Y Jesús Zeferinio Lee, “Tino”, militante de arraigo pero con dos derrotas en su historial como candidato a la alcaldía de Altamira, simboliza la persistencia —o la terquedad, según quien lo juzgue— del político que insiste en volver al ruedo.
En una conversación reciente con “Tino”, la pregunta fue directa: ¿persisten las aspiraciones para 2027? La respuesta fue un “¿por qué no?”. En política, el “por qué no” suele ser la antesala del cálculo. Pero la pregunta incómoda vino después: ¿para qué, si las voces lo acusan de haberse “vendido” en elecciones pasadas? La réplica fue inmediata: “las condiciones no estaban dadas”. Es una defensa clásica en la narrativa electoral mexicana: el contexto como coartada.
Desde una perspectiva jurídica, la acusación de “venta” política es grave si implica pactos contrarios a la ley o simulaciones dolosas. Sin pruebas, queda en el terreno de la sospecha pública. Pero en política, la percepción es casi tan devastadora como la prueba. Y ahí radica el desafío: la congruencia no se presume, se demuestra.
El señalamiento de que hoy existe divisionismo interno y externo en Morena como oportunidad estratégica es un argumento táctico. Pero reducir la competencia a la debilidad del adversario es un error conceptual. Los partidos que construyen su narrativa sobre la fractura ajena suelen olvidar que la ciudadanía vota por expectativas propias, no por el simple rechazo al otro. El voto útil no es eterno; es contingente.
La invitación a un diálogo a micrófono abierto, en transmisión en vivo por “Tarde de Café”, tiene una dimensión democrática relevante. En tiempos donde muchos políticos optan por comunicados calculados y redes sociales cuidadosamente editadas, someterse a preguntas directas sin guión es un ejercicio de rendición de cuentas informal, pero potente. La deliberación pública no sustituye a las instituciones, pero las complementa.
Si el PAN pretende competir con seriedad en 2027, necesita algo más que aspirantes con currículum o militancia histórica. Necesita candidatos capaces de responder, sin evasivas, a los señalamientos que circulan en la esfera pública. La transparencia discursiva es hoy un activo político. El silencio, en cambio, suele interpretarse como admisión tácita o incapacidad argumentativa.
Desde el ángulo jurídico-electoral, el 2027 no será una elección aislada. Será la consecuencia de decisiones que se tomen hoy en la dirigencia. La selección de liderazgos internos impacta en la postulación de candidaturas, en la distribución de recursos y en la estrategia de coaliciones. Un partido dividido puede competir, pero rara vez gana con contundencia. Un partido cohesionado, incluso con tensiones, proyecta certidumbre.
Por otra parte, el PAN enfrenta una disyuntiva entre control y apertura. El control garantiza previsibilidad interna; la apertura ofrece legitimidad externa. En un entorno donde la confianza en los partidos es baja, la apuesta por la apertura podría ser no sólo ética, sino estratégicamente racional.
No se trata de idealizar la democracia interna. Los procesos abiertos también pueden exacerbar conflictos y exponer fracturas. Pero ocultarlas no las resuelve. La política moderna exige partidos que funcionen como espacios de deliberación real, no como estructuras de administración de cuotas.
En Tamaulipas, el electorado ha mostrado capacidad de alternancia y castigo. La narrativa de que todo se reduce a la división del adversario ignora un elemento central: la ciudadanía evalúa trayectorias, congruencias y resultados. Quien aspire a gobernar deberá explicar no sólo por qué quiere hacerlo, sino por qué merece una segunda —o tercera— oportunidad.
El micrófono abierto anunciado para la próxima semana en “Tarde de Café” puede convertirse en algo más que una entrevista. Puede ser un termómetro del tipo de política que se quiere practicar rumbo a 2027: una política de respuestas directas o una política de evasivas calculadas. En la polarización y escepticismo, la franqueza puede ser disruptiva.
La elección interna del PAN en Tamaulipas es, en realidad, un ensayo general. Si opta por cerrar filas desde arriba, enviará el mensaje de que la disciplina prevalece sobre la deliberación. Si abre la decisión a la militancia, asumirá el riesgo de la competencia abierta, pero también la posibilidad de reconstruir confianza.
En última instancia, la pregunta no es quién encabezará el comité estatal ni quién se apuntará a la boleta en 2027. La pregunta es si el partido está dispuesto a someterse a la misma exigencia que plantea al gobierno: transparencia, congruencia y responsabilidad. Porque en democracia, la legitimidad no se hereda ni se impone; se conquista. Y se defiende todos los días.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es xm.moc.cpsaiciton@nitsuga
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.
