Tampico, Tamps.- En una entrevista transmitida este viernes 20 de febrero por la periodista Carmen Aristegui, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó las acusaciones penales en su contra y sostuvo que el proceso judicial que enfrenta es resultado de una represalia política vinculada a sus denuncias sobre una red de contrabando y evasión fiscal conocida como “huachicol fiscal”.
A lo largo de una conversación extensa y confrontativa, el exmandatario afirmó que las investigaciones actuales no son nuevas ni espontáneas, sino consecuencia directa de lo que, según dijo, comenzó a denunciar desde 2019. “Quien descubre la operación del huachicol fiscal no fue la Fiscalía General de la República, no fue aduanas, no fue tampoco Hacienda ni el SAT ni la Guardia Nacional; quien hace este trabajo y lo denuncia fue mi gobierno, fue desde el 2019”, declaró.
ACUSACIONES DE ENCUBRIMIENTO Y FINANCIAMIENTO ILÍCITO
El exgobernador aseguró que durante su administración se decomisaron cerca de 500 mil litros de combustible ilegal y que, a partir de esas acciones, se identificaron patrones de evasión fiscal relacionados con la importación irregular de hidrocarburos. “Di a conocer las consecuencias que esto iba a traer”, afirmó al recordar una rueda de prensa de noviembre de 2019.
De acuerdo con su versión, su equipo realizó cruces de información entre la agencia estadounidense Energy Information Administration y la Agencia Nacional de Aduanas de México para dimensionar el presunto desfalco. Sostuvo que el cálculo inicial ascendía a 554 mil millones de pesos y que posteriormente se añadieron alrededor de 42 mil millones más. “Es ahí donde surge la cantidad de 600,000 millones de pesos”, señaló, cifra que —dijo— fue reconocida públicamente por la procuradora fiscal en una entrevista.
Más allá del impacto fiscal, el exmandatario fue más lejos al afirmar que parte de esos recursos se destinaron al financiamiento político. “La área de inteligencia financiera de mi equipo pudo detectar que parte de esta operación se estaba destinando para financiar a políticos de Morena, al grado que nos dimos cuenta de que se le estaban financiando vehículos blindados a varios candidatos”, aseguró.
Durante la entrevista, también hizo referencia a señalamientos contenidos en el libro “Ni venganza ni perdón” y a declaraciones de actores políticos que, según dijo, confirmarían la existencia de una red de complicidades desde las “más altas esferas”. “Esto no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad, pero sobre todo de un alto grado de impunidad que viene desde las más altas esferas”, sostuvo.
El exgobernador afirmó que su denuncia incluyó la entrega de documentos al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2020, en una conferencia matutina realizada en Reynosa. “Tuve la oportunidad de hacer unos señalamientos muy claros al presidente y posteriormente entregarle un documento donde estaban todas las órdenes de aprehensión con los principales capos de los diferentes cárteles que operaban en Tamaulipas”, dijo.
A su juicio, el avance de investigaciones en Estados Unidos sobre financiamiento ilícito y designaciones de organizaciones criminales como grupos terroristas ha reactivado el interés público sobre el tema. “Cuando se dan cuenta que ese dinero de evasión del IEPS se está compartiendo con los grupos criminales y se está utilizando para financiar campañas, es ahí donde ya empiezan las investigaciones por parte de Estados Unidos”, afirmó.
UNA BATALLA JUDICIAL PROLONGADA
El exmandatario enfrenta órdenes de aprehensión y un proceso que incluye solicitudes de extradición. Sin embargo, insiste en que cuenta con suspensiones definitivas y que su caso ha sido manipulado para evitar una resolución favorable. “Hemos ganado ante las instancias judiciales diferentes amparos”, aseguró.
En uno de los pasajes más enfáticos de la entrevista, cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República. “¿Alguna vez han escuchado que en la historia moderna de este país se hayan recusado a 12 magistrados? Eso lo hizo la Fiscalía General de la República”, afirmó. Según su relato, la recusación sucesiva de magistrados durante dos años habría impedido que un tribunal colegiado resolviera de manera definitiva el caso relacionado con la presunta compraventa irregular de un departamento.
“Cuando ya estaba enlistado mi caso para resolverse en definitiva, antes de irse el fiscal dio instrucciones para que mi caso lo atrajera la Corte”, sostuvo, al referirse a la intervención de la Suprema Corte de Justicia. A su juicio, la decisión busca retrasar una exoneración. “Estuvieron chicaneando el tema dos años”, dijo.
También cuestionó el uso del delito de delincuencia organizada en su contra. “Utilizan el término delincuencia organizada porque cualquiera que escucha va a decir ‘tiene que ver con narcotráfico’. No tiene nada que ver con eso; delincuencia organizada es cuando tres personas o más están involucradas para cometer un delito”, explicó.
Sobre su situación actual, rechazó la versión de que se encuentre prófugo. “Eso es lo que dicen ellos”, respondió cuando fue cuestionado. Añadió que la narrativa de nuevas órdenes de aprehensión habría sido utilizada para presionar a autoridades electorales y judiciales. “Jamás en la historia de México a ningún político le habían quitado sus derechos político-electorales para poder participar solo cuando había una sentencia de un juez”, afirmó.
El exgobernador describió el caso como una estrategia para distraer la atención pública. “Requieren otra cortina de humo, necesitan un villano”, sostuvo. En su opinión, el objetivo es desviar el debate sobre el presunto esquema de evasión fiscal y su eventual conexión con financiamiento electoral.
Durante la entrevista, declinó confrontar en el mismo espacio a otro actor político que había cuestionado su versión. “Entrar yo en un debate con alguien que lo que quiere es un foro y un protagonismo es simplemente caer en su juego”, señaló.
Al cierre, reiteró que su proceso es consecuencia directa de haber denunciado el esquema de contrabando y evasión. “Yo soy un perseguido porque yo soy el que presentó esto primero que nadie”, dijo en síntesis.
La resolución pendiente en la Suprema Corte y el curso de las órdenes de aprehensión marcarán el siguiente capítulo de un caso que combina acusaciones de corrupción, tensiones entre poderes y una disputa narrativa sobre el origen y alcance del llamado huachicol fiscal.
Fue mi gobierno quien denunció el huachicol fiscal: Cabeza de Vaca
