Tampico, Tam.- Ante lo que consideran un colapso inminente de la infraestructura urbana, representantes de 26 colonias residenciales de Tampico han manifestado formalmente su rechazo a la apertura de nuevos establecimientos comerciales en sus sectores. La exigencia es clara: mantener intacto el uso de suelo residencial para evitar que el déficit de servicios públicos se agudice.
Encabezados por figuras como Sara Ramírez, de la colonia Lomas de Rosales, y los ciudadanos Sergio Guevara y Marco Antonio Pérez, el grupo acudió a la Presidencia Municipal para entregar un oficio dirigido a la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y a la Dirección de Obras Públicas.
El documento solicita que no se modifique “ni una coma ni un punto” al reglamento actual de uso de suelo. Según los manifestantes, la ciudad ha crecido en verticalidad y comercio, pero la infraestructura básica se ha quedado rezagada por décadas.
Los vecinos aclararon que su postura no es un freno al progreso, sino una medida de supervivencia urbana.
Entre las principales carencias citadas destacan: Crisis de Servicios: Fallas constantes en el abasto de agua, drenajes colapsados y deficiencias en el suministro eléctrico. Movilidad Crítica: Vialidades en mal estado y un tráfico que ya resulta insostenible. Seguridad: Preocupación por el aumento de la inseguridad ante el flujo de personas ajenas a las zonas habitacionales. Falta de Estudios: Acusan que no existen análisis de factibilidad reales que avalen nuevos desarrollos.
«La colonia Faja de Oro es el ejemplo de lo que no queremos: la proliferación de edificios ha rebasado la capacidad vial, generando caos a cualquier hora del día», señalaron durante su visita al ayuntamiento.
La urgencia de los vecinos responde a que el tema se encuentra actualmente en etapa de revisión legal y técnica. El plazo para autorizar o rechazar cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial vence este 5 de febrero.
Los representantes vecinales advirtieron que ya han realizado un análisis legal para defender la vocación habitacional de sus sectores, dejando la puerta abierta a acciones jurídicas en caso de que el Cabildo decida favorecer intereses comerciales sobre el bienestar de los residentes.
