El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el buque Challenge Procyon, que arribó al puerto de Tampico a finales de marzo de 2025, transportaba más de 20 millones de litros de combustible ilegal, el doble de lo que las autoridades federales informaron oficialmente como decomisado durante lo que fue calificado como un “aseguramiento histórico”.

De acuerdo con documentos fiscales y actas de un procedimiento administrativo iniciado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en noviembre pasado, el cargamento real ascendía a 20 millones 944 mil 445 litros de diésel, lo que implica que al menos la mitad del huachicol asegurado desapareció, sin que hasta el momento se haya esclarecido su destino.

El expediente, al que tuvo acceso la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), detalla que el combustible fue importado por la empresa Intanza y declarado ante aduanas como “aditivos para aceites lubricantes”, con el fin de evadir el pago de impuestos correspondientes a la importación de diésel.

Tras la revisión de los documentos del pedimento de importación y el análisis de muestras del producto, las autoridades fiscales determinaron que la mercancía no correspondía a aditivos, sino a aceite diésel. En el procedimiento se convirtió el peso declarado —17 millones 459 mil 290 kilogramos— a litros, utilizando un factor de densidad de 0.8336 kg/L, lo que arrojó el volumen total superior a los 20.9 millones de litros.

Desde abril de 2025, MCCI había documentado que el Gobierno federal solo reportó el decomiso de alrededor de 10 millones de litros, pese a que la empresa Intanza promovió amparos reclamando el aseguramiento de 5 millones 460 mil galones, equivalentes a casi 20 millones de litros. Incluso un informe oficial de la Secretaría de Marina, difundido en mayo, confirmaba que las autoridades tenían conocimiento previo de que el buque ingresaría con una carga cercana a ese volumen.

El caso derivó en la destitución y posterior detención de Francisco Javier Antonio Martínez, entonces director de Administración de la ASIPONA Tampico, así como de otros funcionarios portuarios y aduanales, por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustible en Tamaulipas.

No obstante, hasta la fecha ninguna autoridad federal ha explicado qué ocurrió con la mitad del combustible faltante, ni ha informado si existe una investigación específica sobre su desaparición.