Colectivos feministas de la zona sur de Tamaulipas manifestaron su preocupación ante el alarmante cierre de 2025 en materia de violencia contra las mujeres, al registrar un incremento significativo tanto en feminicidios como en homicidios dolosos de mujeres, cifras que —aseguran— reflejan una grave falla en el sistema de prevención, investigación y acceso a la justicia.
Martha de la Cruz López, integrante del colectivo Mujer Manglar, señaló que de acuerdo con estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado pasó de cerrar años anteriores con aproximadamente 16 o 17 feminicidios, a superar los 23 casos durante este 2025. A ello se suman alrededor de 200 mujeres asesinadas en el año, muchas de ellas clasificadas como homicidios dolosos y no como feminicidios.
Explicó que esta diferencia en la clasificación de los delitos muchas veces obedece a la falta de investigaciones con apego al protocolo de perspectiva de género, o bien a procesos abreviados que terminan por invisibilizar la violencia feminicida.
La activista también denunció la falta de acompañamiento digno y empático por parte de las fiscalías y del sistema judicial hacia las familias de las víctimas, quienes —dijo— enfrentan duelos profundos y secuelas psicológicas severas, agravadas por la revictimización constante durante los procesos legales.
“Cada audiencia representa para las madres y familiares revivir el momento más traumático de sus vidas. Los procesos son largos, se suspenden audiencias y eso termina desgastando emocionalmente a las familias”, expresó.
Reconoció que en los últimos meses se ha observado una ligera mejora en los tiempos judiciales, al reducirse el lapso entre audiencias de dos meses a aproximadamente 15 días, situación que atribuyó en parte a la presión social generada por casos mediáticos como el de Carla Rosas; sin embargo, consideró que los avances siguen siendo insuficientes.
Los colectivos feministas insistieron en que, cuando existen indicios claros de culpabilidad, los procesos deberían acelerarse para evitar tácticas dilatorias por parte de las defensas legales que prolongan el sufrimiento de las familias y debilitan la confianza en la justicia.
Finalmente, Martha de la Cruz subrayó que las cifras reflejan que algo no está funcionando en las políticas públicas de seguridad y prevención, y llamó a las autoridades estatales y federales a cumplir con el compromiso de garantizar justicia real para las mujeres.
“Queremos que el discurso de que ‘llegamos todas’ se vea reflejado en hechos. Las mujeres y sus familias merecen justicia, acompañamiento digno y un verdadero compromiso del Estado para erradicar la violencia”, concluyó.
