El campo mexicano no está en protesta, está en desesperación.
Cuando un agricultor bloquea una carretera, toma una caseta o paraliza una vía federal, no está ejerciendo un derecho; está lanzando un grito, y bastante torpe, pero, además ilegal en muchos casos, eso sí, profundamente revelador de una política pública que dejó de mirar a la tierra y a su gente mientras se concentró en el discurso “de la transformación”.
En distintos puntos del país, productores agrícolas han optado por medidas extremas. Han “secuestrado” carreteras con la misma lógica con la que el crimen organizado controla territorios, simple, porque nadie los escucha de otra manera. El paralelismo es incómodo, pero real. El Estado se alejó de ellos, viene tarde y el productor ya no tiene margen.
En el sur de Tamaulipas, esa desesperación tomó otro cauce. Agricultores decidieron reventar —no al Gobierno federal, que es el responsable real— sino a la administración local de Altamira. Montaron una caravana sobre la carretera Tampico–Mante, a la altura del kilómetro 34, y avanzaron hasta la plaza principal para plantarse frente al Palacio Municipal.
Fue un acto de rebeldía, sí. De confrontación, también. Pero no fue un acto violento.
Y ahí hay que decirlo con claridad. El alcalde Armando Martínez Manríquez leyó correctamente el momento – le explico- Al saber que la caravana avanzaba, instruyó al director de Tránsito y Vialidad, Santiago Cerecero, a bloquear espacios de estacionamiento alrededor de la plaza principal. No para impedir la protesta, sino para contener el caos, evitar una crisis vial en calles estrechas y, sobre todo, prevenir una confrontación entre agricultores y ciudadanos.
Fue una decisión política con sentido común. Se permitió la protesta, se protegió a terceros y se desactivó una chispa que pudo convertirse en incendio.
Los agricultores llegaron con consignas claras y dolorosas, es entendible,
“Con los bajos precios de los granos no sacamos lo que se invierte para poder seguir sosteniéndonos del campo”.
“No somos el enemigo, Presidenta; somos sus aliados a proteger”.
El mensaje iba dirigido a Palacio Nacional, no a Altamira.
Sin embargo, la protesta se contaminó. Y ahí está el punto más delicado. Durante la movilización emergieron como “líderes” Dimas Salazar, ex síndico municipal, y Gabriel Muñoz, propietario de ranchos en Sonora, específicamente en Caborca y Bahía de Kino. Su aparición no fue menor ni casual. Provocó molestia entre los propios agricultores, quienes comenzaron a señalar —con razón— que la protesta estaba siendo utilizada con fines políticos, inlcuso, hubo quién advirtió no queria volver a verlos en la manifestación.
Cuando el hambre se vuelve plataforma y la desesperación se convierte en botín, alguien está traicionando la causa. Y en este caso, no fue el alcalde. Fueron quienes intentaron capitalizar el enojo ajeno para ajustar cuentas propias y desestabilizar el cierre del 2025 que Armando viene planchando con cautela.
No, Altamira no era el enemigo, y Martínez Martínez lo entendió mejor que quienes se colgaron del tractor para hacer política.
En la intimidad… Preocupante, grave y francamente inadmisible el mensaje de la maestra Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Su declaración reciente no fue técnica ni institucional; fue intimidatoria, imperativa y con tintes autoritarios.
Decir que “si la revisión y los criterios de factibilidad determinan que dicho inmueble es la mejor alternativa, la comunidad educativa contará con garantías” no es tranquilizar: es imponer. Es advertir. Es asumir que la decisión ya está tomada y que padres, alumnos y maestros deben alinearse.
Está mal. Y es incorrecto en el fondo y en la forma.
Si la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, no accede a entregar ese inmueble; si el Cabildo no pone el tema en el orden del día, nadie —absolutamente nadie— puede hacerlo por encima del gobierno municipal. Ni la subsecretaria, ni su escritorio perfumado, ni su discurso bien peinado.
Políticamente, la alineación morenista podría empujar esa ruta. Pero el costo político lo está pagando Mónica Villarreal, no la subsecretaria. Y si los regidores deciden no conflictuarse con el tema, no habrá decreto, misa, veladora ni incienso que lo cambie.
Conviene recordarlo, principalmente a la maestra. Los funcionarios son empleados públicos. No son dueños del territorio. Ni de las escuelas. Ni de las ciudades.
Y cuidado —mucho cuidado— con usar el poder para intimidar. Porque cuando se juega con la paciencia social, el grito termina volviéndose ruptura. Y de eso, los morenistas lo saben.
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@dect1608
