La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) urgió al Gobierno Federal y a los estados a atender de manera inmediata los bloqueos realizados esta semana por transportistas de la ANTAC y organizaciones campesinas, al advertir que la inseguridad carretera y las interrupciones en rutas estratégicas ya generan pérdidas económicas, retrasos logísticos y ponen en riesgo la competitividad del país.
Desde la COPARMEX Tampico, se compartió el comunicado que señala de acuerdo con un sondeo realizado entre 55 ciudades y regiones donde opera la Confederación, 33 reportan afectaciones directas en carreteras, aduanas y nodos logísticos. Las zonas más impactadas se encuentran en Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral, San Luis Potosí y Guasave.
COPARMEX expresó su respaldo a las demandas de transportistas y productores agrícolas, quienes denuncian robos, extorsiones, cobro de piso, agresiones y la falta de condiciones mínimas de seguridad para desempeñar su actividad. La organización destacó que estas situaciones se han “normalizado a niveles inaceptables”.
La Confederación advirtió que la inseguridad carretera afecta el traslado de carga, encarece costos logísticos, deteriora cadenas productivas y “coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales”, al no contar con rutas de abastecimiento seguras. A ello se suma, señaló, la falta de instituciones financieras que apoyen al campo y la ausencia de créditos adecuados para productores.
El organismo empresarial llamó al Gobierno Federal y a los estados a implementar vigilancia efectiva en tramos de riesgo, atender denuncias por extorsión y asegurar el funcionamiento de trámites indispensables para el transporte. También pidió instalar una mesa nacional de diálogo con participación de transportistas, productores, autoridades y empresas, con compromisos claros, plazos verificables y coordinación operativa.
COPARMEX reiteró además la urgencia de ofrecer soluciones reales a la crisis que enfrentan los productores agrícolas, especialmente por el bajo precio de la tonelada de maíz, el cual no cubre los costos de operación y ha afectado la viabilidad de empresas del sector.
La organización enfatizó que el país no puede permitirse “rutas paralizadas, cadenas logísticas vulnerables y afectaciones al campo”, insistiendo en que la libre circulación debe restablecerse sin criminalizar a quienes exigen condiciones dignas de seguridad.
