Tampico, Tam.- Más de 70 mujeres dedicadas al despique de camarón en la empresa “De Luna”, ubicada en la colonia Morelos, viven momentos de incertidumbre y desesperación tras recibir una notificación de desalojo en un plazo de 15 días por parte de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).
De acuerdo con Aureliana Núñez, líder del grupo, la medida se debe a un adeudo de permisos y trámites administrativos relacionados con la zona federal donde se ubica el inmueble. Sin embargo, advierte que detrás de esta decisión se encuentran familias completas que dependen de este ingreso para sobrevivir.
“Es un tema administrativo y entiendo que ellos hacen su trabajo, pero ¿quién les va a dar trabajo a mis compañeras? ¿Dónde van a laborar? No es justo que por un trámite se deje sin comer a tantas familias”, cuestionó la dirigente.
La representante de las despicadoras denunció que esta determinación deja en total indefensión a más de 80 mujeres, en su mayoría jefas de familia, quienes desde hace décadas han encontrado en esta actividad la única forma de sostener sus hogares.
Las trabajadoras aseguran que, aunque han laborado legalmente en el sitio durante años, ASIPONA ahora busca recuperar y delimitar el área, lo que significaría el cierre definitivo de su fuente de trabajo.
En medio del temor y la preocupación, Núñez adelantó que ya solicitaron una reunión con las autoridades correspondientes para buscar alternativas que eviten el desalojo.
El llamado de las despicadoras se dirige directamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que intervenga y logre un acuerdo con la autoridad portuaria que garantice la permanencia de esta actividad que por décadas ha sido su sustento.
“Yo quiero decirle a la licenciada Claudia Sheinbaum que es tiempo de mujeres y que nos dejen trabajar. Que nos den la oportunidad de seguir ganando el sustento diario para nuestros hijos”, expresó con voz entrecortada.
La situación mantiene en alerta y angustia a decenas de familias tampiqueñas que ven amenazada su única fuente de ingresos por un conflicto administrativo que, hasta el momento, no tiene solución clara.