Una jueza federal ordenó restituir la patria potestad de una menor a su madre, Gabriela Salazar Bujanos, luego de que esta denunciara violencia por parte de Alejandro Ávila Limas, padre de la niña.
La juzgadora federal Nora Victoria Bonilla Marín concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por Salazar Bujanos y notificó a la titular del Juzgado Tercero de lo Familiar, Roxana Ibarra Canul, para ejecutar de forma inmediata la entrega de la menor bajo un protocolo libre de violencia.
El dictamen establece que el juez responsable debe garantizar la integridad física, psicológica y moral de la menor al momento de la restitución. La decisión fue notificada también al padre, Alejandro Ávila Limas, y a los sistemas DIF de Tampico y Ciudad Madero para coordinar el proceso.
La jueza Bonilla Marín enfatizó que las autoridades tienen la obligación de tomar medidas para evitar daños a niñas, niños y adolescentes, y que las personas juzgadoras cuentan con facultades excepcionales para aplicar normas y principios procesales compatibles con el interés superior de la infancia.
El 29 de agosto de 2025, Alejandro Ávila, acompañado de personal judicial y policías, irrumpió en un domicilio de la familia Salazar Bujanos para retirar a la menor sin la supervisión del Sistema DIF, confirmó Antonia de Jesús Cuervo Torres, delegada de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
Ese mismo día, la jueza Roxana Ibarra Canul, del Juzgado Tercero de lo Familiar, ordenó otorgar la custodia a Ávila Limas argumentando que Gabriela Salazar no se presentó a las audiencias del proceso.
El abogado de Gabriela Salazar, Néstor Luna, calificó la actuación judicial como “ilegal” y “fraudulenta” al afirmar que su clienta nunca fue notificada del procedimiento y que este careció del acompañamiento del DIF, como lo exige la ley.
“Aquí están queriéndose llevar a una niña ilegalmente. Esta resolución es inexistente e ilegal”, denunció el abogado.
El actuario del Juzgado Tercero de lo Familiar, Marco Antonio Hernández Paulin, ejecutó la orden acompañado de policías y civiles, lo que —según la defensa— violó los derechos humanos y el principio del interés superior de la infancia.
Con la resolución federal, Gabriela Salazar Bujanos recupera la patria potestad de su hija con acompañamiento psicológico y bajo protocolos de protección a la menor.