Altamira, Tamps.- En entrevista exclusiva, el activista social y abogado litigante Fredy Antonio Torres Mar denunció que las aportaciones voluntarias y las inscripciones escolares en instituciones públicas representan un esquema ilegal, inconstitucional y profundamente corrupto. “El huachicol de las escuelas públicas lo representan las aportaciones voluntarias y las inscripciones que, ilegal e inconstitucionalmente, imponen y extorsionan a los padres de familia”, sentenció.
El abogado acusó directamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) de ser cómplices en un entramado que considera “la raíz de la descomposición en el sistema educativo mexicano”.
Asegura que la corrupción permea desde las asociaciones de padres de familia hasta las direcciones escolares, donde “los jóvenes y padres terminan siendo usados como instrumentos en pugnas de poder e intereses económicos”.
Según Torres, este fenómeno explica los conflictos y brotes de violencia en diversos centros de educación media superior, particularmente en planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI). “He sido testigo de cómo maestros, prefectos, supervisores o jefes de sector manipulan a alumnos y padres para defender facciones o intereses económicos, disfrazando sus disputas internas de conflictos estudiantiles”, declaró.
La problemática, precisó, no solo vulnera el derecho a la educación gratuita garantizado en el artículo 3º constitucional, sino que también alimenta la deserción escolar. “De nada sirve que el gobierno federal otorgue becas si al final de cuentas ese dinero termina en las bolsas de unos cuantos, a través de cuotas ilegales disfrazadas de aportaciones”, advirtió.
Torres recordó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido públicamente en que la educación media superior debe ser gratuita, instrucción que —asegura— “nadie obedece”. Responsabilizó tanto a autoridades locales como federales de guardar silencio frente a un sistema que, en su opinión, ha normalizado el abuso contra las familias.
El activista también rechazó la violencia estudiantil como vía de respuesta a las irregularidades, aunque reconoció que detrás de los actos vandálicos en escuelas suelen estar adultos que manipulan a los jóvenes. “Yo no puedo llamar estudiante a un joven que se encapucha para delinquir, romper ventanas o golpear a un director -hechos que sucedieron en el CETis 78 en Altamira, Tamaulipas-. Si un maestro cometió acoso, debe ser denunciado e investigado, pero jamás se puede justificar la violencia como método de justicia”, afirmó.
El abogado advirtió que, de no existir voluntad política para erradicar estas prácticas, el futuro de la educación pública en México seguirá en riesgo. “Está en el gobierno solucionar esto. Si no lo hace, la situación irá a peor y la educación seguirá siendo lo que es hasta ahora: un fracaso total”, concluyó.
