Altamira, Tam.- A dos semanas de la sustracción violenta de la hija de Gabriela Salazar en Tamaulipas, colectivos feministas y de defensa de derechos humanos lanzaron un llamado para que las autoridades restituyan de inmediato a la menor y sancionen a los responsables de este hecho que califican como un acto de violencia vicaria y una grave violación a los derechos humanos.
El 29 de agosto de 2025, Alejandro Ávila Limas, señalado como agresor de Gabriela y su hija, irrumpió de forma violenta en el domicilio donde ambas residían desde hace más de año y medio. Lo hizo acompañado por un actuario, agentes de la Guardia Estatal, dos abogados y otros hombres, amparado por una orden emitida por la jueza Roxana Ibarra Canul —actualmente bajo investigación—.
Durante el operativo, según testigos y denuncias públicas, la menor fue arrebatada a empujones y gritos de los brazos de su madre, en un procedimiento que colectivos califican como ilegal, brutal y contrario al interés superior de la niñez.
Desde entonces, Gabriela Salazar no ha dejado de exigir justicia y la restitución inmediata de su hija. Aunque instituciones han reconocido irregularidades en la custodia otorgada al presunto agresor, la menor continúa sin ser devuelta a su entorno materno, donde colectivos advierten que su integridad está en riesgo.
Exigencias de los colectivos: Restitución inmediata de la menor al entorno seguro con su madre y familia materna. Sanción ejemplar a la jueza Roxana Ibarra Canul y a todos los funcionarios que participaron en este acto violento. Reconocimiento y combate de la violencia vicaria como una forma grave de violencia de género que sigue ocurriendo con total impunidad en México.
“Si la justicia hubiera sido tan rápida y eficaz como lo fue para entregarle la custodia a un agresor, hoy Gabriela estaría en su casa con su hija, sanando en paz”, subrayaron las colectivas en un comunicado.
Este es un llamado urgente para que el Poder Judicial revise sus prácticas en materia de custodia y protección de menores y garantice el interés superior de la niñez. Las colectivas han reiterado que no permitirán que este caso quede impune y que se mantendrán en lucha permanente hasta lograr justicia para Gabriela y su hija.