Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y cuatro de sus excolaboradores fueron denunciados penalmente por un presunto quebranto de 343 millones 966 mil pesos en agravio de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
De acuerdo con la denuncia, se entregaron contratos sin licitación, con licitaciones incumplidas e incluso sin la firma correspondiente, pero aun así se transfirieron recursos públicos, en ocasiones sin contar previamente con las facturas.
Las empresas beneficiadas habrían sido Permart y Joser, de los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo.
El pasado martes se presentaron 14 querellas ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en contra de Cabeza de Vaca; la entonces secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el subsecretario de Planeación y Vinculación Social del OPD Servicios de Salud, Horacio García Rojas Guerra; el subsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilera Poegner; y el director de Compras del Gobierno del Estado, Román Castillo Airola.
En rueda de prensa, el director jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, informó que en total se han integrado 70 denuncias contra el exmandatario y sus colaboradores, relacionadas con un daño al erario de 221 millones de pesos estatales y 122 millones de pesos federales.
Algunas denuncias también se presentaron ante la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Tamaulipas, la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior de la Federación.
Saldaña exhibió parte de los expedientes, como la denuncia número 6, por un quebranto de 13 millones 613 mil 560 pesos, en la que el contrato se asignó a Permart sin haberse firmado convenio alguno con la Secretaría de Salud, pese a que se entregó el recurso público. También dio a conocer las denuncias 10, 12 y 11, por daños de 60 millones 135 mil 221 pesos, 18 millones 561 mil 748 pesos y 964 mil 748 pesos, respectivamente, en las que tampoco existió contrato firmado.
El funcionario precisó que el monto total de los contratos irregulares supera los 500 millones de pesos, aunque “de manera extraña y sospechosa” dejaron de pagarse 157 millones, sin que hasta ahora los proveedores hayan promovido acción legal alguna para exigir ese dinero.
En la conferencia estuvieron presentes el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo; y la secretaria de Finanzas, Luisa Eugenia Manautou Galván.