Ciudad Victoria, Tam.-
Rómulo Garza Martínez, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el presunto manejo irregular de recursos públicos.
La audiencia se llevó a cabo este martes, cuando un juez de control de la Primera Región Judicial de Tamaulipas determinó imponerle prisión preventiva justificada mientras se desarrollan las investigaciones por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño indebido de funciones administrativas.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Garza Martínez está acusado de autorizar de forma irregular la compra de 2.6 millones de despensas, mediante adjudicación directa, por un monto aproximado de 650 millones de pesos. Esta operación, realizada en 2021, presuntamente violó la Ley de Adquisiciones del Estado y representa un posible daño al erario.
El exfuncionario fue detenido en enero de este año en Ciudad Valles, San Luis Potosí, como resultado de un operativo conjunto entre autoridades de esa entidad y elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas. Desde entonces permanece bajo custodia, tras haberse confirmado la existencia de riesgo de fuga.
En este mismo caso también fue vinculado a proceso Jesús Alberto “N.”, quien se desempeñó como secretario de Administración durante el mismo sexenio. La Fiscalía tendrá un plazo de tres meses para complementar la investigación y presentar pruebas que refuercen la acusación.
Este caso se suma a una serie de procesos legales iniciados contra excolaboradores de Francisco García Cabeza de Vaca. Según la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, al menos cinco exsecretarios enfrentan cargos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, entre ellos exfuncionarios de áreas clave como Educación, Desarrollo Urbano y Contraloría.
De acuerdo con informes preliminares, las irregularidades detectadas en la Secretaría de Bienestar Social incluyen sobreprecios, adjudicaciones directas sin justificación y presuntos desvíos de recursos destinados a programas de asistencia social.
La actual administración estatal ha reiterado su compromiso de combatir la corrupción y sancionar a quienes resulten responsables de actos ilícitos que afecten el patrimonio de los tamaulipecos.