Funcionarios del INM en Chiapas bajo la lupa por lujos injustificables y presunta corrupción

 

En Chiapas, las sospechas de corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM) han dado paso a señalamientos directos y pruebas documentadas que exhiben el estilo de vida de al menos 29 funcionarios, muy alejado de lo que permitiría un salario oficial de 30 mil pesos mensuales.

Residencias millonarias, autos de alta gama, caballos pura sangre y constantes viajes internacionales forman parte del escenario que rodea a estos servidores públicos, cuyas actividades están ahora bajo investigación. Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., aseguró que ya existen cuatro carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR), aunque hasta ahora sin avances significativos.

Uno de los nombres que encabezan las denuncias es el de Mario López Araujo, encargado de la Oficina de Regularización del INM en Tapachula. De acuerdo con García Villagrán, el funcionario ha realizado viajes a destinos como París, República Dominicana e Italia, cuyos registros han sido compartidos abiertamente en redes sociales.

Las irregularidades no se limitan a gastos personales. El activista señala una red de corrupción relacionada con la venta clandestina de visas humanitarias, Formas Migratorias Múltiples (FMM) y citas migratorias. Además, apunta que más de 300 mil personas habrían sido reconocidas irregularmente como víctimas de delito, facilitándoles beneficios migratorios sin sustento legal.

Ante estos hechos, García Villagrán exigió a la Secretaría de Gobernación y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervenir y auditar propiedades que podrían estar registradas a nombre de terceros, especialmente en fraccionamientos exclusivos como Tulipanes y Terranova, así como ranchos y caballerizas ligadas a los funcionarios señalados.

“El Instituto Nacional de Migración se ha transformado en un negocio para unos cuantos. La impunidad, hasta ahora, ha sido la norma”, advirtió el activista. Pese a las denuncias formales y la evidencia expuesta, el caso sigue sin resoluciones ni responsables sancionados.