Ciudad de México, 3 de mayo de 2025 — En medio de una creciente tensión diplomática y de seguridad, los gobiernos de Estados Unidos y México han intensificado las medidas conjuntas para frenar el tráfico ilegal de armas desde territorio estadounidense hacia México, una problemática que alimenta la violencia de los cárteles de la droga.
En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un refuerzo militar en la frontera sur con el despliegue de un segundo buque destructor —el USS Spruance— en la costa del Pacífico, sumándose al USS Gravely. Ambos forman parte de una estrategia para “restaurar la integridad territorial” y ejercer control operativo en zonas fronterizas donde el trasiego de armas ha alcanzado niveles críticos.
Como parte de los acuerdos diplomáticos más recientes, Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pactaron una pausa de un mes en los aranceles impuestos por Estados Unidos, a cambio de que México redoble la seguridad en su frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional. A cambio, el gobierno estadounidense se comprometió a tomar medidas más severas para frenar el flujo de armas de alto poder que cruzan ilegalmente hacia territorio mexicano.
Este esfuerzo bilateral responde al creciente tráfico de armamento que abastece a los cárteles mexicanos. Según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 74% de las armas incautadas en México entre 2017 y 2021 provienen de Estados Unidos, principalmente desde los estados de Texas y Arizona.
En respuesta a la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de la administración Trump, Sheinbaum anunció dos reformas constitucionales: una para rechazar cualquier tipo de intervención extranjera y otra para castigar con mayor severidad el tráfico de armas. Esta última incluirá prisión preventiva oficiosa para quienes sean detenidos en flagrancia.
Además, el gobierno mexicano ha emprendido acciones legales en cortes estadounidenses, responsabilizando a fabricantes de armas por prácticas que —según argumenta— facilitan el tráfico ilegal hacia México.
Estas medidas reflejan una etapa de endurecimiento en la política bilateral en materia de seguridad, en la que ambos países buscan frenar un fenómeno que, además de alimentar la violencia en México, contribuye a una crisis humanitaria en amplias regiones del país.