Altamira, TAM.- De nueva cuenta volvieron a protestar los integrantes de la asociación “No más hijos rehenes” en la Ciudad Judicial de Altamira para exigir mayor transparencia, eficiencia y sensibilidad en los procesos legales relacionados con la custodia de sus hijos.
Carlos Rodríguez Contreras y Gustavo García, en representación de los padres y madres manifestantes señalaron que enfrentan severos obstáculos al intentar acceder a una justicia pronta y efectiva, ya que muchas de las quejas y apelaciones permanecen sin resolución debido, a la obstrucción de algunos jueces que manejan de mal manera los casos.
Uno de los principales señalamientos fue dirigido hacia el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), cuya infraestructura y capacidad actual se encuentran rebasada, este centro tiene como función permitir que madres, padres e hijos mantengan un vínculo supervisado durante el proceso judicial, lamentablemente no cuenta con el espacio, ni el personal suficiente para atender la demanda creciente, lo que afecta directamente el derecho de los menores a convivir con ambos progenitores.
“Los niños no deben ser rehenes de una justicia lenta, ni de decisiones administrativas que perpetúan el sufrimiento de las familias, necesitamos un sistema que sea justo, que piense primero en ellos, en los niños”, señalaron durante su intervención.
Además, la asociación denunció que los jueces del área familiar no están aplicando criterios claros, ni homogéneos para resolver los conflictos legales.
Según explicaron, esto ha derivado en procesos excesivamente prolongados, con casos que acumulan retrasos de cuatro años o más sin resolución definitiva. Esta falta de uniformidad en la aplicación de la ley impide que las familias encuentren respuestas justas y oportunas.
Aunque los integrantes de “No Más Hijos Rehenes” ,reconocieron que, desde su última manifestación pública, se han observado algunos avances en la transparencia judicial, pero también criticaron que varios jueces en funciones dentro del mismo centro de justicia, se hayan registrado como aspirantes a cargos de jueces o magistrados en las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de junio.
La asociación considera que esta situación podría generar conflictos de interés y distraer de la atención debida a los casos en curso, por ello fueron reiterativos en su exigencia a las autoridades estatales y del Poder Judicial para que se garantice un sistema legal más ágil, imparcial y enfocado en el bienestar de la infancia, dejando de lado intereses personales o políticos que afecten el desarrollo de los procesos.