Tantoyuca, Ver. -Un grupo de más de 25 familias vulnerables de la comunidad Corralillo Galera, perteneciente a este municipio, piden justicia, luego de denunciar un presunto fraude por 117 mil pesos; efectivo que aportaron con esfuerzo y sacrificio a una caja de ahorro comunitaria, supuestamente organizada como parte de las actividades del programa Sembrando Vida.
Los afectados, integrantes de la agrupación Vida Nueva, acudieron este martes a la Fiscalía Regional de Justicia para presentar una denuncia formal en contra de Vicensia “N”, quien fungía como encargada del manejo del recurso y a quien acusan del delito de robo.
Explicaron los quejosos, que el dinero debía ser entregado en el mes de diciembre de 2024, pero hasta la fecha no han recibido explicación ni reembolso alguno.
Lo más grave del caso, aseguran, es que fueron obligados por sus coordinadores a aportar 500 pesos mensuales de lo que recibían del programa federal, como parte de esta caja de ahorro, bajo el argumento de que era un requisito interno para fortalecer la comunidad.
Detallaron que les decían que no era voluntario, pero era por el bien del grupo y si no cooperaban tendrían consecuencia.
Los beneficiarios acusan además la presunta complicidad o participación directa de autoridades del programa Sembrando Vida, específicamente de Mario Alberto «V», coordinador territorial, y Eusebio Alejandro «F», coordinador del grupo, quienes han permanecido en total silencio a pesar de estar enterados desde el momento en que el dinero no fue entregado.
Algunos afectados aseguran que el dinero podría haberse perdido desde manos internas del programa, lo cual explicaría la falta de respuesta y acción por parte de estos funcionarios.
Durante su permanencia en la fiscalía, Mario Alberto «Vi» se presentó brevemente en el lugar, pero al ser confrontado por los afectados y notar la presencia de medios de comunicación, huyó del sitio, negándose a responder preguntas o brindar alguna declaración oficial.
Este caso ha generado una fuerte indignación, no solo en la comunidad de Corralillo Galera, sino entre organizaciones civiles que han comenzado a visibilizar el caso como un ejemplo de cómo los más vulnerables siguen siendo víctimas del abuso y del abandono institucional.
Los denunciantes exigen una investigación profunda y transparente, que no solo responsabilice a quien se llevó el dinero, sino también a quienes pudiendo intervenir, optaron por encubrir o ignorar el problema.
Los quejosos detallaron que está situación no puede quedar impune, pues no solo perdieron dinero, perdieron la confianza en un programa que se suponía venía a ayudarlos.
Por L.C.C. Francisco Javier Díaz