Promueven en EEUU cazarrecompensas contra ilegales: mil dólares por migrante

En Estados Unidos, la retórica antiinmigrante promovida por el presidente Donald Trump ha encontrado eco en propuestas legislativas recientes que buscan recompensar económicamente a quienes denuncien a inmigrantes indocumentados. Estas iniciativas han generado preocupación por su potencial para institucionalizar la xenofobia y el racismo.

En el estado de Misuri, el senador republicano David Gregory presentó el proyecto de ley SB 72, que propone otorgar una recompensa de 1.000 dólares a cualquier persona que proporcione información que conduzca al arresto de un inmigrante indocumentado. Además, la propuesta busca crear un programa de «cazadores de recompensas certificados» para localizar y detener a personas en situación migratoria irregular.

Aunque la propuesta en Misuri sigue su curso legislativo, en Misisipi una iniciativa similar fue detenida. Sin embargo, estos esfuerzos reflejan una tendencia en estados controlados por republicanos de alinearse con las políticas migratorias de la administración Trump.

Estas medidas han suscitado críticas por parte de expertos y defensores de los derechos humanos, quienes advierten que podrían exacerbar la discriminación racial y fomentar un clima de hostilidad hacia las comunidades migrantes. Además, existe el temor de que tales políticas puedan ser utilizadas para justificar actos de violencia o acoso contra personas percibidas como extranjeras, independientemente de su estatus migratorio.

En el ámbito académico, también se han observado acciones similares. Por ejemplo, en la Universidad Estatal de Arizona, el grupo estudiantil republicano College Republicans United instó a sus compañeros a denunciar a estudiantes indocumentados ante las autoridades migratorias, calificando esta acción como una «responsabilidad cívica» necesaria para la seguridad pública. Esta convocatoria generó indignación entre la comunidad latina y ciertos legisladores estatales, quienes pidieron la intervención del rector de la universidad.

Estas iniciativas reflejan una creciente polarización en el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, donde las políticas de mano dura y las propuestas punitivas ganan terreno, generando preocupación entre defensores de los derechos humanos y comunidades migrantes.