Ciudad de México.- En las últimas horas, las redes sociales se han inundado de comentarios y preocupaciones tras la confirmación de una modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, realizada por el Gobierno local encabezado por Martí Batres.
La reforma, que entrará en vigor esta misma semana, ha generado controversia debido a la eliminación del término «propiedad privada» del texto constitucional. ¿Qué establece la reforma?
El cambio en la Constitución Local alinea la legislación de la Ciudad de México con la Constitución Federal, específicamente con el artículo 27. Este artículo federal regula los derechos y disposiciones sobre la propiedad de tierras y aguas en el país, dejando claro que estos son regulados principalmente por la nación y su gobierno.
La modificación al artículo 3, inciso A, numeral 2, de la Constitución capitalina, elimina el término «propiedad privada», lo cual ha generado preocupación entre los ciudadanos, que temen que esto pueda afectar sus derechos de propiedad y facilitar expropiaciones por parte del gobierno.
La expropiación y sus implicaciones
Uno de los puntos que ha generado mayor inquietud es la posibilidad de que, bajo esta nueva legislación, el gobierno de la Ciudad de México pueda llevar a cabo expropiaciones con mayor facilidad.
La expropiación, por definición, es un proceso mediante el cual el gobierno toma posesión de una propiedad privada para un uso público, como la construcción de infraestructura, siempre proporcionando una compensación justa al propietario.
Aunque la reforma alinea la legislación local con la federal, lo que podría interpretarse como una simple homologación, muchos ciudadanos temen que esta modificación facilite expropiaciones, afectando la autonomía y los derechos de los propietarios privados. Reacciones en redes sociales
La modificación ha generado un amplio debate en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su descontento y preocupación. Muchos consideran que esta reforma «arruina la posesión de una propiedad privada» y afecta directamente la autonomía de los dueños sobre sus bienes.
El gobierno de la Ciudad de México, por su parte, ha intentado calmar los ánimos asegurando que la propiedad privada sigue protegida bajo los términos del artículo 27 de la Constitución Federal.
Martí Batres afirmó que la reforma busca evitar interpretaciones legales que favorezcan indebidamente intereses privados a costa del interés público y de la Nación.
El desafío de la transparencia
A pesar de las declaraciones oficiales, la falta de explicaciones claras y detalladas por parte de las autoridades ha contribuido a la desconfianza entre los ciudadanos. Muchos critican la falta de comunicación y transparencia en un tema tan delicado como la propiedad privada.
La controversia está lejos de terminar, y la incertidumbre sigue presente en la Ciudad de México. Mientras tanto, los ciudadanos esperan más aclaraciones y garantías por parte del gobierno local sobre cómo esta reforma afectará sus derechos de propiedad en el futuro.