Nuevo Laredo, Tamaulipas, 29 de agosto de 2024 .— A más de seis años de los abusos cometidos por la Secretaría de Marina-Armada de México, las familias de las víctimas de desapariciones forzadas se han movilizado para exigir justicia en una serie de actos de protesta en la ciudad.
La jornada comenzó con una caminata por la Avenida Guerrero, seguida de una manifestación frente a la Presidencia Municipal, donde la falta de empatía y solidaridad de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas fue evidente, ya que no salió a recibir a los manifestantes. La protesta culminó con una emotiva velada en el Memorial a las Víctimas.
Los familiares, devastados por la pérdida de sus seres queridos, demandaron una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas de los responsables, que hasta la fecha siguen impunes y protegidos por el Gobierno Federal.
Gregoria Hernández Morales, madre de Noé Ignacio Alférez Hernández, una de las víctimas, clamó: «Exijo justicia y le pido al Presidente de la República que tome cartas en el asunto. No es justo que estas personas sigan libres, habiendo tantas pruebas en su contra».
Hernández denunció la inacción de las autoridades y el dolor continuo de no haber recibido justicia por la ejecución extrajudicial de su hijo en 2018.
Por su parte, Erika Arredondo, madre de Julio César Viramontes, expresó su frustración por la falta de respuesta por parte de las autoridades: «A pesar de las promesas y las pruebas, los responsables siguen sin ser castigados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 36VG/2020 hace cuatro años, pero hasta ahora, ninguna de las familias ha recibido la reparación integral del daño que se les prometió».
Arredondo también criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su inacción y la percepción de que la autoridad no actúa contra los miembros de las fuerzas armadas.
El operativo conocido como “Operación Laguna”, dirigido por el Almirante Marco Antonio Ortega Siu y otros altos mandos, ha sido objeto de rechazo por parte de la Fiscalía General de la República, que se ha mostrado negligente en su investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció a 27 de las 47 víctimas, pero la reparación del daño sigue pendiente, mientras que el resto de los casos permanece en total impunidad.
La ciudadanía y las familias afectadas continúan exigiendo justicia y responsabilidad, enfrentando una lucha prolongada y dolorosa para obtener respuestas y justicia por los crímenes que aún oscurecen su presente y futuro.