La diputada federal Montserrat Arcos Velázquez presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) por el delito de violencia política de género, en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, secretario de Finanzas y Administración del partido.
Arcos Velázquez precisó que el motivo es por las amenazas e intimidaciones de las que ha sido víctima con el propósito de que accediera, cuando era presidenta del Organismo Nacional de Mujeres (ONMPRI), a simular el ejercicio de los recursos
correspondientes al 3% de las prerrogativas que el Instituto Nacional Electoral (INE) le entrega a los partidos políticos por concepto de capacitación y empoderamiento político de las mujeres, para desviar 16 millones de pesos, a lo que se negó
rotundamente.
“Les recuerdo que la simulación del uso de estos recursos es un delito, por lo que he acudido ante el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también para solicitar medidas cautelares y de protección porque temo por
mi vida, y que hasta el momento no se me han dado, pero que además es un tema que viven muchas mujeres en el plano laboral y que no deben ocurrir”, expresó.
La legisladora tamaulipeca explicó que estas personas ejercieron el delito de violencia política de género contra una mujer al afectar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de su cargo, desde el momento en que la Secretaría de Finanzas del PRI empieza a ejercer unilateralmente el recurso del ONMPRI sin tomar en cuenta los estatutos del partido y el programa anual 2023.
“Quiero comentarles que también ejercieron el delito de amenazas o intimidaciones en contra de una mujer directa o indirectamente con el objetivo de inducirla u obligarla a presentar la renuncia a su cargo, como lo establece la Ley de
Delitos Electorales”, dijo.
La diputada recordó que a raíz de su intervención del 5 de octubre en el Consejo Político Nacional donde se deslindó del manejo unilateral de los recursos del ONMPRI, ha sido excluida de todas las actividades del partido como convocatorias,
al Consejo Político Nacional, la Comisión Política Permanente de manera presencial, además de que todas sus representantes estatales, lideresas,
legisladoras y los presidentes de los comités directivos estatales del PRI, fueron conminados a no tener comunicación con ella.
Comentó que también denuncia el delito de quien impida por cualquier medio que las mujeres electas o designadas para cualquier cargo rindan protesta o ejerzan libremente su cargo o las actividades inherentes al mismo, como fue su caso en
diciembre de 2023 cuando fue destituida, de lo que se enteró a través de las redes sociales.
Montserrat Arcos reveló que para poder tener comunicación con la Contraloría del PRI y realizar la entrega-recepción del organismo, fue sometida junto a su coordinadora administrativa, a una humillante revisión para certificar que no estuvieran documentando la conversación, situación que fue vergonzoso, y que ninguna mujer debe vivir.
“Para mí esta lucha no es un tema de venganza, es un tema de justicia en donde no podemos estar en una coyuntura de tener por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República, y de que mujeres como tu servidora vean destruida su carrera por no aceptar formar parte de un acto de corrupción. Me motiva que ninguna otra mujer lo viva, que lo piensen dos veces antes de destruir la honorabilidad de una mujer que se ha dedicado a hacer política y que le ha servido a su partido”, concluyó.