Tampico, Tam.- Luego de la tragedia que cobró la vida de al menos 39 migrantes que estaban recluidos en una espacio del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua; la diputada federal y presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios, Rosa González Azcárraga, exigió una revisión meticulosa a los recintos migratorios del país, pues algunos no cumplen con la normatividad para ser catalogados como albergues.
Desde su curul y acompañada de integrantes de su bancada y de la comisión que preside, la legisladora porteña lamentó los hechos registrados la noche del pasado lunes, en la estación migratoria de esa ciudad fronteriza, y de paso alzó la voz para que el Gobierno Federal gire instrucción precisa a la Secretaría de Gobernación, y ésta a su vez exija al Instituto Nacional de Migración (INM), «rinda cuentas claras y asuma su responsabilidad, ya que por todos es sabido que a los migrantes los tratan como delincuentes en estos recintos migratorios del país, además de despojarlos de sus pertenencias», remarcó.
Explicó que gran parte de esos lugares operan como espacios de retención de migrantes, «y no como albergues como señaló este martes el Presidente de México».
Rosa González, manifestó que esas instancias provisionales, todos los días recluyen a migrantes de los países de centroamérica, que son arrestados y remitidos en celdas que no cumplen con las especificaciones para ser tratados como seres humanos.
Destacó que aún y cuando exista la posibilidad de que las personas recluidas en esa estación migratoria, hayan ocasionado el incendio que los privó de la vida, «de ser así, sigue siendo responsabilidad del INM, ya que no existe un control en esos sitios migratorios».
Destacó que si la Federación no puede poner orden en dichos lugares y conservar la vida y derechos humanos de unos cuantos migrantes, mucho menos podrá hacerle frente a los 30 mil personas que mes tras mes son retornadas de EUA por cruzar de manera irregular.
Finalmente, la legisladora panista enfatizó la importancia de que las asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos participen en las revisiones a dichos espacios que albergan a personas migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua, el Salvador, Guatemala, Cuba y otras naciones más, y de esta manera puedan constatar las condiciones de vulnerabilidad y del constante atentado a sus derechos y garantías individuales.
