Por Carlos Manuel Juárez
Elefante Blanco
La solicitud de desafuero contra la diputada local, Úrsula Salazar Mojica, comenzó su camino en el Congreso de Tamaulipas. La sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es acusada del delito de cohecho por pedir “moches” a un proveedor de acuerdo con una llamada telefónica difundida en redes sociales.
La diputada Leticia Vargas Álvarez, secretaria de la Mesa Directiva, leyó la correspondencia que envió la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas para retirar la inmunidad procesal penal a la coordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Los datos generales de la petición de la FGJ apuntan a que Salazar Mojica realizó “2 llamadas telefónicas los días 13 y 16 de noviembre del 2018, a un proveedor relacionado con un evento en el Conalep de Tampico, Tamaulipas, donde ella se desempeñaba como jefa de recursos humanos”.
La llamada y el deslinde
El viernes 25 de marzo, la cuenta de Facebook, Anonymous Tamaulipas, difundió el audio de una llamada donde supuestamente Salazar Mojica habla con un hombre, a quien le exige aumentar el monto de una factura y regresarle en efectivo el incremento.
¿Cómo estás Paty?- saluda un hombre.
-A ver, ¿te acuerdas que te dije que ocupaba efectivo?- responde una voz de mujer, supuestamente la sobrina del presidente.
-Ajá- responde el sujeto.
-¿Nada más es con tu empresa?– dice la mujer.
-Como tú quieras, ahí como quiera se le subió ese efectivo que eran 10 ¿no? ¿en efectivo?- comenta el supuesto proveedor.
-No los voy a sacar los 50 todos contigo ¿si? lo voy a sacar con todos mis proveedores. Entonces por eso te preguntaba hasta cuánto tú me puedes devolver en efectivo- dice ella.
A ver, ese dinero ya no se regresa con nosotros ¿verdad?– responde su interlocutor.
–Ese dinero yo te lo pago a ti y tú me lo regresas a mí– afirma la mujer.
La diputada Úrsula Salazar negó que su voz sea la del audio de la llamada e, inclusive, interpuso una denuncia por violencia política de género contra senadores y diputados, misma que fue rechazada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
A la par de la defensa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas solicitó audios de la voz de Úrsula Salazar recogidos en las sesiones legislativas, para corroborar la veracidad de la llamada circulada en redes sociales. El resultado fue positivo y devino en la solicitud de desafuero que la puso en el centro de los cuestionamientos sobre la posible corrupción en Morena, especialmente, en familiares del presidente López Obrador.
El proceso
El proceso legislativo de la solicitud de declaración de procedencia de enjuiciamiento penal de Úrsula Salazar Mojica debe durar máximo 90 días, como establece el articulo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
A partir de hoy el documento y el expediente de la Fiscalía será revisado por la Comisión Instructora, integrada por la diputada Imelda San Miguel y los diputados Félix García Aguiar, Edmundo Marón, Luis René Cantú, Humberto Prieto, Juan Ovidio García y Ángel Covarrubias.
El grupo de análisis parlamentario, de mayoría panista y priista, evaluará las pruebas para emitir un dictamen que será presentada y votado en el Pleno. Para dicha sesión pública, el Congreso tamaulipeco se erige en Jurado de Procedencia previa notificación a Úrsula Salazar, su abogado y la Fiscalía General de Justicia.
En la sesión de juicio, las partes involucradas pueden intervenir con alegatos, antes de que las y los diputados voten el proyecto de la Comisión instructora. Para retirar la inmunidad, 24 de las 36 legisladoras y legisladores deben aprobar la propuesta.
Actualmente, el Congreso está conformado con 14 panistas, 3 priistas, 2 independientes, 16 morenistas y 1 de Movimiento Ciudadano. La alianza de PAN y PRI deberán de convencer a 7 diputados y diputadas para poder retirar la inmunidad a Salazar Mojica.
“Si el Congreso declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción del Tribunal competente”, indica el artículo 28 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
