La violencia política contra las mujeres –una forma de agresión específica y organizada que abarca desde los abusos sexuales hasta la represión y desaparición forzada de activistas– se encuentra al nivel más alto de los últimos cuatro años, según se extrae de las conclusiones del último informe publicado por la ONG del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED).
En lo que se trata de uno de los primeros estudios sobre este apartado, los datos recabados por ACLED revelan que la violencia política contra las mujeres ha registrado un incremento en «casi todas las regiones» del mundo, concretamente en países como México, Colombia, China, India, Brasil, Burundi, Birmania, Afganistán, Filipinas o China.
Los datos del informe certifican, por ejemplo, tanto un incremento del uso de la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones protagonizadas por las mujeres como una expansión del abanico de amenazas al que se enfrentan: Policía, Ejército, milicias, paramilitares, turbas o grupos religiosos ejercen en algún momento dado, en alguna parte del mundo, crímenes específicos por cuestión de género o identidad.
En sus conclusiones, ACLED quiere incidir en una circunstancia fundamental: es tal la variedad de los actos de violencia política contra las mujeres que es imposible presentar una solución aplicable a todos los casos. Solo a través de esta clase de estudios, apuntan sus responsables, los gobiernos podrán plantear respuestas específicas para atender a cada situación particular.
Pero debajo de las conclusiones subyace un problema mayor, como apunta el grupo: las limitaciones de una investigación que recaba únicamente casos de violencia política, públicos y de carácter físico. Las agresiones psicológicas, las amenazas o la violencia dentro del hogar, íntima, no figuran en los datos.