Un juez federal de Miami aceptó el lunes un pedido de la fiscalía y desechó gran parte de los cargos de lavado de dinero que enfrentaba el empresario colombiano Alex Saab en una investigación sobre el presunto pago de sobornos por cientos de millones de dólares para asegurarse contratos con el gobierno de Venezuela.
En una orden de un párrafo, el juez Robert Scola retiró siete de las ocho acusaciones contra Saab, considerado por Estados Unidos uno de los testaferros del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En julio de 2019 Saab fue acusado junto a su compatriota Álvaro Pulido de asociación ilícita para lavar dinero y siete acusaciones más de lavado de instrumentos monetarios. En su moción presentada ante Scola, los fiscales explicaron que sólo querían mantener una acusación para cumplir con las garantías que habían ofrecido a Cabo Verde durante el proceso de extradición de Saab desde esa república.
La orden del juez tuvo lugar horas después de que otro magistrado que estaba de turno aceptó postergar por dos semanas una audiencia que debía realizarse el lunes después de que el abogado de Saab, Henry Bell, dijo que aún no había podido reunirse con su cliente porque está en cuarentena en la cárcel siguiendo los protocolos de la Covid-19 tras su extradición.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Saab aparece también involucrado en otro caso judicial relacionado con contratos de suministro de alimentos y medicinas al gobierno de Maduro. Al menos parte de esos alimentos provenían de México y luego eran enviados a Venezuela con sobreprecios.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana presentó ante la Fiscalía General de ese país cinco denuncias contra 25 personas involucradas en ese esquema delictivo y acordó el bloqueo de cuentas por unos 2,8 millones de dólares de quienes se presume están involucrados en la red de lavado de dinero relacionada con Saab.
Asimismo, la UIF presentó dos denuncias contra funcionarios que trabajaron en la propia unidad y en el Ministerio Público durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por haber participado en un “acuerdo reparatorio ilegal” para dar por cerrado el caso sobre la compra de alimentos con sobreprecio en México.