Tampico.- Veinte familias que habitan en el poblado llamado «El Delfín» ubicado en el Puerto de Altamira, se manifestaron este viernes afuera de los juzgados federales ubicados sobre la avenida Hidalgo en esta ciudad para pedir apoyo al Juez pues acusan a la Administración Portuaria Integral de Altamira de haberlos despojado del lugar en donde viven desde hace 40 años.
Portando pancartas con consignas en contra de la API Altamira, los afectados esperaron afuera de las instalaciones de los juzgados a donde los recibiría el juez.
Fue allí, donde don Guillermo Cuéllar, dijo en entrevista que de un día a otro ya no los dejaron entrar.
«Es un poblado que tenemos registrado en el INE, tenemos credenciales de allí, el problema que tenemos es que API nos ha restringido la entrada a nosotros antes entrábamos, iban nuestros familiares, entraban a llevar gasolina, agua y ya no nos lo permiten», indicó.
Señalan que aunque ellos primero, hace 40 años a crear ese lugar ahora los quieren echar sin recurso legal de por medio.
«Somos como veinte familias, tiene del 4 de enero que nos pusieron el cercado, la API no se presta a dialogar, fueron los vigilantes al lugar pero cuando taparon de la noche a la mañana nos topamos con que ya estaba cerrado y destruyeron nuestro camino», agregó el pescador.
Por su parte, el abogado, José Julio Martínez Valladares habló sobre lo que por ley procede en este caso que ya radica en el expediente número 15/2021.
«Lo que estamos pidiendo es el amparo de la justicia federal contra el abuso de la API Altamira que en forma ilegal les está obstruyendo el paso a ellos para su fuente de trabajo y vivienda porque muchos viven allí y nosotros presentamos como pruebas documentales públicas, actas de Notarios donde certificaron que los afectados viven allí con sus familias», explicó.
El litigante añadió que además tienen como prueba la credencial de elector que extendió el INE a esos pobladores porque allí residen y aunque no tienen escrituras por ser una posesión federal en el poblado llamado El Delfín pero dejó en claro que los pescadores llegaron a hacer ese poblado en l983 o l984 cuando no había nada allí, mientras que la API Altamira en 1992 por decreto presidencial pero la API pretende echarlos sin ningún procedimiento legal ni aviso.
Dijo que el juez los atendería aunque dejó en claro que el amparo ya está presentado por escrito así como pruebas, sólo esperan que les resuelvan la suspensión provisional por lo pronto y el amparo lo decretarán en un mes o dos.
