La retención, sustracción y ocultamiento de un menor de edad por parte de padres de familia o tutores se pretende castigar como delito penal cuando se detecte una situación de interés o beneficio diferente a la cordialidad, respeto y convivencia familiar, pues los diputados locales del grupo parlamentario del PAN buscan evitar que los menores tamaulipecos sigan siendo utilizados como «moneda de cambio».
Ante tal situación que no deja de ser un problema social, la diputada local por Tampico, Rosa María González Azcárraga, manifestó que fue presentada una iniciativa de ley que pretende sancionar a todo aquella persona que retenga u oculte a un menor de edad a cambio de solicitar algún bien inmueble, beneficio, dinero o simplemente sea condicionante para cumplir o dejar de hacer determinada acción.
La secretaria de la comisión de la familia en el congreso expuso que con dicha iniciativa se cumple una promesa de campaña más, ya que en sus recorridos por las colonias muchas familias porteñas le solicitaron combatir con una reforma a la ley esta problemática, que más se suscita en los padres de familia que dirimen una diferencia dónde está de por medio el hijo, quien muchas veces es tomado como «herramienta de negociación».
La también presidenta de la mesa directiva, advirtió que las sanciones, en estas reformas al código penal, van de dos a seis años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA) a quien se le compruebe estos delitos.
González, puntualizó que se procederá penalmente contra el responsable, a petición de quien ejerza la patria potestad o la custodia del menor u adolescente.
«En el caso de retención del menor solo se procederá a petición de quien ejerza el derecho de custodia, y en en delito de sustracción se actuará contra el responsable de quien ejerza la patria potestad o derecho de custodia», señaló
Abundó que la denuncia penal y administrativa será menor cuando la persona inculpada devuelva al menor de edad dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, a quien se le impondrá sólo la tercera parte de las sanciones establecidas en la ley.
La legisladora por el 22 distrito dejó en claro que si el padre o madre del menor, además de quien tiene la custodia, logra sacarlo fuera de territorio nacional, las penalidades aumentarán un cincuenta por ciento mas con relación a las estipuladas líneas arriba.
«La iniciativa surje a raíz de una serie de peticiones en la campaña y por supuesto que en el seno del grupo parlamentario se han presentado quejas de madres y padres de familia para solicitar la intervención y gestionar una solución, además de la necesidad de ir erradicando estas prácticas o conductas que no dejan de ser un fenómeno recurrente, dónde el !mayor afectado es el menor o adolescente de nuestra entidad», acotó
