MADRID, España., noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Audiencia Nacional de España rechazó que el empresario mexicano Alonso Ancira pueda ser considerado un perseguido político, ya que los hechos que se le imputan se relacionan con delitos comunes de clara corrupción.
El Tribunal español también descartó la prescripción de los presuntos ilícitos alegada por la defensa de Ancira al considerar que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como un juzgado mexicano, han entendido que los hechos no han prescrito, y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana, según resalta el auto de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Además, el Pleno de la Sala de lo Penal desestimó el recurso de súplica presentado por el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) contra el auto que acordaba su extradición a México por varios delitos de corrupción, y confirmó su entrega a las autoridades mexicanas al considerar que los hechos por los que se le persigue también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.
La defensa de Ancira buscará apelar la decisión de la Audiencia Nacional, aunque la resolución judicial ha sido adoptada por unanimidad de los 20 Magistrados que integran el Pleno, por lo que en principio ya no cabe recurso alguno contra la misma.
La entrega del empresario a las autoridades mexicanas tendrá que ser aprobada próximamente por el Consejo de Ministros del Gobierno español, que es el que tiene la última palabra sobre la extradición a México del dueño de AHMSA.
El auto de la Audiencia Nacional, fechado el pasado 11 de noviembre y divulgado este viernes, destaca que los hechos investigados con relación a Ancira encajarían en el Código Penal español con los delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, «se refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación».
El auto argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, al ejecutar un concierto delictivo previo.
«Pagando por adelantado (dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a TOCHOS, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya , cuando ya sea director General de la empresa estatal PEMEX la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos», indican los jueces españoles.
«El dinero de AHMSA deviene ilícito porque constituye la dádiva que se entrega a una persona en su condición de Autoridad pública que luego la contraprestará acordando la compra con evidente sobreprecio de una planta de agronitrogenados vinculada a aquella, que supone el agotamiento de la actividad delictiva concertada entre sendos autores, los señores Lozoya y Ancira, en un periodo en que la condición de elegido para ser director de Pemex no tiene discusión, blanqueando con ello la compra de un inmueble para el señor Lozoya en una zona residencial de la Ciudad de México, que es de lo que se le acusa», refiere el auto.
Ancira, quien se encontraba en libertad condicional en España, se presentó ante la policía ibérica la semana pasada para reingresar en prisión, luego de que la Audiencia Nacional rechazara el recurso contra su extradición a México. El empresario fue detenido en la primavera de 2019 en Palma de Mallorca después de que la Interpol y la policía española ejecutaran la orden de busca y captura internacional en su contra emitida por las autoridades de México por presuntos delitos de fraude y corrupción.
Investigaciones de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de AHMSA a empresas off shore vinculadas a la constructora brasileña Odebretch y al ex director de Pemex, Lozoya Austin.
Entre los delitos supuestamente cometidos por Ancira figura la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de Agronitrogenados, por la cual la petrolera mexicana pagó un sobreprecio de más de 500 millones de pesos, aunque el propietario de AHMSA, que rechaza su extradición a México, considera que fue una operación financiera supervisada y ajustada a la legalidad.