Familiares de un testigo que fue detenido en compañía de Giovanni López denunciaron que, la noche del 4 de mayo, el joven de 30 años fue torturado a golpes por los policías que lo detuvieron frente a su domicilio ubicado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
La supuesta tortura se dio por espacio de tres horas en la comandancia municipal, hasta donde fue trasladado Giovanni.
Narraron que el único error de Giovanni fue tratar de grabar con su celular como los policías intentaban detener a uno de sus vecinos que no llevaba cubrebocas.
“A él más bien lo agarraron porque se acercó con el celular a grabar…Le quisieron arrebatar el celular pero (Giovanni) se lo pasó a una vecina”.
Los familiares del testigo, quienes también presenciaron la detención, aseguraron que el joven era un muy tranquilo y que ese día no fue excepción.
El testimonio de la familia coincide con el comentario que hizo un hermano y una tía de Giovanni a los policías que lo detuvieron, de acuerdo con un video difundido por el medio LatinUs, grabado el día de los hechos.
En este video el hermano y la tía mencionaron a gritos que Giovanni se encontraba tranquilo, sentado en la banqueta, cuando los policías llegaron y lo agredieron.
“Él estaba tranquilo ustedes lo golpearon”, gritó los policías a manera de reclamo, el hermano de Giovanni, quien se encontraba dentro del patio de su casa.
En medio del forcejeo se escuchaban los gritos desesperados de Giovanni quien intentaba zafarse de los policías, por lo que su hermano Christian le advirtió a uno de los oficiales: “Si lo matas ya sabemos”.
En un testimonio ofrecido al mismo medio que difundió el video grabado por la familia, Christian dijo que los policías llegaron a su barrio a “hacer una redada” para detener gente “que no trajera cubrebocas”.
“Íbamos a ir a cenar y llegaron y nos agredieron. A mi hermano lo agarraron como diez policías, a mí también, pero yo me alcancé a zafar y a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí. Yo en ese momento empecé a grabar”.
Los testigos ubicaron a por lo menos cuatro patrullas en el lugar. En cada patrulla iban por lo menos dos policías. Una de estas unidades era la M36.
En el video de la familia de Giovanni se observa a cuatro policías dándole de rodillazos en las piernas al joven y apretándolo de la garganta para someterlo, así como una mujer policía con arma larga caminando y un supuesto comandante encabezando el operativo con camiseta de civil.
Uno de estos policías retó verbalmente al hermano de Giovanni para salir de la casa. El uniformado, quien traía tapado el rostro con un cubrebocas y portaba uniforme negro, primero le hizo una seña con la mano para pedirle que saliera y luego le dijo: “órale pinchi joto”, mientras la tía le gritaba a Giovanni: tranquilo Vanni (como le decían de cariño a su sobrino)… vamos a ir por ti”.
Una vez que los suben a la patrulla, Giovanni y su vecino fueron llevados a la comisaría. De acuerdo con los familiares del segundo detenido, a Giovanni lo golpearon en el trayecto en brazos, torax, cara y piernas. Le dejaron un ojo amoratado e hinchado.
En la comisaría, sin embargo, de acuerdo con los testimonios narrados, a Giovanni lo volvieron a golpear y torturar por tres horas.
“Fue una salvajada”, sostiene uno de los dos testigos, quien dijo sentirse decepcionado con el actuar de la policía que “supuestamente esta para proteger al pueblo no para que lo agredan”.
En conferencia de prensa del 3 de junio, un mes después de los hechos y luego que la familia hiciera público su video, el fiscal de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y el titular de la Coordinación de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, aseguraron que en ningún reporte policial se mencionó que Giovanni fuera detenido por la falta de cubrebocas.
El fiscal narró que Giovanni fue ingresado a las celdas de la cárcel municipal, de ahí se llevó al área de atención médica “falleciendo en el trayecto”.
Además, dijo que la autopsia practicada al cuerpo del joven arrojó que se encontraron “lesiones que por su naturaleza llevan a una gravedad extrema, que pueden propiciar la muerte”.
Por estos hechos son investigados los policías municipales y el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, quien este viernes comparecerá ante la Fiscalía General de Jalisco para explicar lo que sabe sobre la muerte del joven.
Los delitos que se investigan son homicidio y abuso de autoridad.
Versiones oficiales de la captura, también difieren
Las versiones vertidas por distintas autoridades sobre la detención de Giovanni López también registran diferencias. Originalmente se dijo que fue detenido por no usar un cubrebocas, versión que incluso fue replicada oficialmente en un comunicado emitido ayer por la Secretaría de Gobernación.
Pero en el video de la detención que se difundió en redes sociales los policías implicados señalan, por su parte, que la captura obedecía “a que se estaba oponiendo” a alguna instrucción de la autoridad, según dice el que parece ser el comandante.
La Fiscalía de Justicia de Jalisco ha insistido que según los informes de la policía municipal el joven fue detenido porque mostraba “una conducta agresiva”. Y finalmente el gobernador Enrique Alfaro dijo en su cuenta de Twitter que Giovanni fue detenido “por supuestamente agredir a los policías municipales”.
Las supuestas acciones que las autoridades de Jalisco atribuyen a Giovanni representan un delito contemplado en el Código Penal de Jalisco. El artículo 129 de dicho código lo contempla como ilícito que se sanciona con una pena de hasta cinco años de prisión, el que “con la fuerza, amenaza o amago se oponga a la autoridad competente”.
Lo anterior significa que el joven tendría que haber sido puesto a disposición de una agencia del Ministerio Público si ese hubiera sido el caso, peor ello no ocurrió.
En cambio, el joven fue trasladado a una cárcel municipal, y de ahí a los Servicios Médicos Municipales donde llegó ya sin vida.
Estas son las circunstancias que la Fiscalía General de Justicia de la entidad se encuentra investigando. La dependencia reveló que el caso de Giovanni López es la tercera carpeta de investigación que se inicia por presuntos abusos de autoridad en donde se encuentra implicada la fuerza de Seguridad Municipal.
Historial de abusos… y desconfianza
El uso de la fuerza, la tortura y las detenciones arbitrarias de parte de las fuerzas de seguridad son un problema endémico en México. Por años se han documentado casos y datos que lo muestran en todo el país.
Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi, casi el 64% de las personas arrestadas entre 2010 y 2016 sufrieron algún tipo de agresión física, y la mayoría de ellos de diversa índole.
El 59% dijo haber recibido golpes y puñetazos, el 37% lesiones por aplastamiento, el 19% descargas eléctricas, el 6.5% quemaduras, entre otros.
Además, el 35% de las personas arrestadas señalaron que les impidieron respirar libremente, ya sea sofocándola, asfixiándola y sumergiendo su cara en el agua.
En muchos casos los abusos también se presentan en el Ministerio Público. Por ejemplo, según la misma encuesta, el 49% de los detenidos reporta haber sido incomunicado, mientras que el 39% asegura haber sufrido algún tipo de lesión física.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado en mayo de 2019 acusó que las detenciones arbitrarias, la tortura y la impunidad persistían en México pese a múltiples recomendaciones. Y reveló que tan solo entre 2013 y 2018 un total de 2 mil 531 personas detenidas en cárceles estatales y 220 en cárceles federales murieron en posibles condiciones de violencia.
Casos de todas dimensiones que han trascendido públicamente dan cuenta de los abusos. Apenas el pasado 28 de febrero circuló un video en el que se aprecia a policías de Tijuana sometiendo a una persona que posteriormente perdió la vida.
En 2017 otro video mostró como un hombre murió en una estación de policía de Ciudad Juárez tras ser sometido por más de cinco uniformados. Ese mismo año, pero en Zimapán, Hidalgo, un detenido murió tras ser golpeado por policías municipales.
Han habido casos de fuerzas de seguridad implicadas en graves violaciones a derechos humanos de forma sistemática. En Veracruz, por ejemplo, la Fiscalía del estado documentó la participación de la Policía Estatal en múltiples desapariciones forzadas. En febrero de 2018 se cumplimentaron 19 órdenes de aprehensión en contra de mandos y elementos de esa corporación.
Pese a que por años organismos internacionales insistieron a México la necesidad de regular adecuadamente el uso de la fuerza policial, fue apenas el 27 de mayo de 2019 cuando se expidió la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y ello gracias al proceso de negociación para que se aprobara la creación de la Guardia Nacional.
Otro gran pendiente que enfrenta la policía en México es su depuración. Aunque desde hace mas de una década entro en vigor la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece que todo policía en activo debe tener una acreditación vigente que pruebe que es confiable, la realidad es distinta.
Datos oficiales prueban que hasta abril de este año estaban en activo en el país 24 mil 839 policías a pesar de que reprobaron los controles de confianza y que por ley deben ser despedidos.
Las policías municipales son las que registran los mayores retrasos en esta materia.
Por ejemplo, en el caso de Jalisco las policías municipales (entre la que se encuentra la de Ixtlahuacán de los Membrillos implicada en el caso de Giovanni) 1 de cada 4 policías en activo carece del control de confianza vigente y no debería de estar laborando.