MANAGUA — Tan solo unas horas después de que Yamil Acevedo muriera en un hospital, los trabajadores de una funeraria —vestidos para manejar materiales peligrosos— amarraron su ataúd en la caja de una camioneta pick-up, lo llevaron a un cementerio y lo enterraron en la oscuridad de la noche.
Por toda Nicaragua, las familias se están viendo obligadas a tener estos “entierros exprés”, funerales apresurados a todas horas de la noche, sin tiempo para llamar a un cura o comprar flores.
Los servicios se realizan de una manera tan veloz, y tan aleatoria, que a los familiares les preocupa que puedan ocurrir errores.
“El doctor dijo: ‘Si pueden enterrarlo lo más pronto posible, háganlo’”, comentó Amani Acevedo, la hija de Yamil Acevedo. “Ni siquiera sé si la persona que está dentro del ataúd es él”.
Afuera de los hospitales hay largas filas, y se han agotado las medicinas básicas en las farmacias. La popular temporada de béisbol ha sido suspendida, y los jugadores se están rehusando a entrar al campo.
Por todas partes se ven señales de que el coronavirus está arrasando con Nicaragua.
Sin embargo, el gobierno nicaragüense insiste en que el virus está perfectamente bajo control, con el número de víctimas más bajo por COVID-19 en Centroamérica.
Nicaragua, una nación de 6,4 millones de personas, es uno de los últimos países que se ha resistido a aceptar las medidas estrictas que se han desplegado por la mayor parte del mundo para detener la propagación de la enfermedad. Nunca cerró sus escuelas. No cerró los negocios. En el transcurso de la pandemia , el gobierno no solo permitió eventos masivos, sino que los organizó.
Las familias aseguran que se están enterrando las consecuencias de estas decisiones —literalmente—, debajo de una nube oscura. Sin realizar ninguna prueba de COVID-19, les dicen que sus seres queridos murieron de neumonía y —por temor al contagio— los instan a enterrarlos lo más pronto posible.
Las organizaciones sanitarias están teniendo problemas para obtener una cifra precisa de los casos. Las pruebas son limitadas y están controladas por el gobierno. Los doctores y activistas que observan cómo las enfermedades respiratorias se propagan por la nación se están preparando para un desastre, apenas dos años después de que los levantamientos antigubernamentales en contra del presidente Daniel Ortega se tornaron violentos.
Frente a una crítica devastadora, el lunes pasado, el gobierno divulgó un informe en el que aseveró que las críticas estaban sembrando el caos, y que la gran mayoría de la gente del país, el segundo más pobre del hemisferio, no podía darse el lujo de no ir a trabajar a causa de un estricto cierre de emergencia.
En el documento, el cual fue publicado en línea, el gobierno comparó su estrategia con la de Suecia, y desafió las tácticas de “una misma política para todo país… ‘One size fits all’”, y arguyó que la respuesta de cada país frente a la pandemia debía ser diseñada con base en su propia realidad.
“A los países que han cerrado totalmente su economía les incomoda el ejemplo de los países que no aplican un cierre draconiano y no destruyen su economía para afrontar la pandemia”, mencionó el gobierno en el documento.
El informe no mencionó a cuánta gente se le habían realizado pruebas del virus ni explicó por qué el gobierno había permitido que se llevaran a cabo eventos masivos según lo planeado: como festivales de comida y una marcha llamada “Amor en tiempos del COVID-19”.
En un video preparado por el gobierno, Paul Oquist, un asesor de Ortega nacido en Estados Unidos, mencionó que la gente del campo no podía resguardarse en casa porque estaba ocupada ordeñando vacas, recolectando huevos y buscando madera. Más o menos el 80 por ciento de los trabajadores de las ciudades nicaragüenses tiene un empleo informal, afirmó Oquist, y si no trabaja, no come.
Oquist agregó que el sistema de salud del país estaba preparado para el brote porque el gobierno de Ortega había aumentado la cantidad de hospitales y doctores durante los últimos trece años. Se designaron diecinueve hospitales para responder al coronavirus y estaba en curso una campaña masiva para desinfectar taxis, autobuses, escuelas y mercados.
Durante casi dos meses, el gobierno reportó tan solo un puñado de infecciones. No obstante, a finales de mayo, a medida que se volvieron más evidentes las señales de la propagación del virus, el conteo del gobierno aumentó diez veces y actualmente el Ministerio de Salud ha confirmado 759 casos y 35 muertes.
El Observatorio Ciudadano, un grupo anónimo de 90 doctores, epidemiólogos y otros voluntarios del sector público de la salud que formaron una organización clandestina para monitorear los casos en Nicaragua, aseguró que el número de muertes en ese país era de 805. Hasta el sábado habían contado 3725 casos.
El gobierno asegura que los casos rutinarios de neumonía, los cuales no superan la media normal, se están confundiendo con el coronavirus.
La pandemia ha llegado en una época en la que hay poca confianza en el gobierno de Nicaragua. Hace dos años, los enormes levantamientos en contra de Ortega dejaron cientos de personas muertas o encarceladas.
En el documento divulgado el lunes pasado, el gobierno aseveró que sus opositores querían usar la pandemia para forzar un colapso económico y socavar la administración de Ortega mientras la economía se sigue tambaleando a causa de los levantamientos, los cuales costaron más de 150.000 empleos, según el gobierno.
Algunos doctores mencionaron que temen alzar la voz, pues podría costarles sus trabajos —o algo peor—, como sucedió de manera rutinaria durante la crisis política.
Carlos Quant, director de la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Manolo Morales en Managua, comentó que al menos 100 profesionales de la salud de su hospital estaban enfermos, pero que la institución había dejado de realizar pruebas de la enfermedad a los miembros del personal.
Quant señaló que no estaba claro si había una escasez de pruebas o un atascamiento en las instalaciones que las realizan —las cuales están centralizadas por el gobierno—, pero que cabía la posibilidad de que pocos de los pacientes que tal vez murieron de COVID-19 tuvieran la causa de muerte correcta registrada en sus certificados de defunción.
“No sé si el error en el conteo y el ocultamiento de la información y de los datos fueron actos de mala fe, pero para el gobierno es muy fácil decir: ‘No, son casos de neumonías atípicas’”, comentó. “Además, claro que son neumonías atípicas, porque no se les hacen pruebas”.
Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, la división regional de la Organización Mundial de la Salud, señaló que las autoridades sanitarias internacionales estaban teniendo problemas para obtener datos precisos de Nicaragua. La mayoría de los países ofrece cifras diarias, mientras que Nicaragua tan solo publica cifras semanales.
Nicaragua no ha aceptado la oferta de la organización de enviar expertos internacionales a realizar un análisis epidemiológico y una evaluación de los servicios de salud nicaragüenses, comentó. Sin embargo, agregó que, en semanas recientes, el gobierno por fin había accedido a limitar el tamaño de los eventos masivos.
Aunque el gobierno no ha cerrado escuelas, la mayoría de los salones de clases están vacíos: los padres mantienen a sus hijos en casa.
“Todo el mundo debe entender la verdad del crimen que está cometiendo nuestro gobierno”, denunció Elena Cano, cuyo hijo de 46 años, Camilo Meléndez, el administrador de las instalaciones del edificio de la Asamblea Nacional, murió el 19 de mayo después de haber intentado obtener atención médica varias veces.
Su certificado de defunción dice que murió de una falla respiratoria aguda como consecuencia de una “inusual neumonía grave”.
This article originally appeared in The New York Times.
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