Por María de Jesús Cortez
Tampico.- Al calcular que aproximadamente 10 mil personas se han quedado sin empleo en la ciudad dado el cierre de negocios con actividades no esenciales; el concesionario de los mercados provisionales, Misael Garrido Amador urgió a los tres niveles de gobierno a bajar ya los apoyos económicos para desempleados pues temen que la adversa situación financiera propicie inseguridad, porque ante la falta de empleo podría generarse un estallido social.
«En el momento en que no tengan de dónde agarrar dinero va a haber vandalismo y eso puede ser un estallido social. Eso a nadie nos conviene ni al pueblo ni a las autoridades. Les hemos hecho públicamente, formalmente no, si estamos manejando una situación de pandemia por lógica debe haber que toda esa gente que cerraron de dónde van a sacar»,, señaló.
Garrido Amador también criticó la falta de actuación por parte de los legisladores que representan a la población del sur de Tamaulipas, ante lo que solicitó el respaldo de las autoridades municipales de Tampico para la gestión de recursos que beneficien a los integrantes de distintos sectores que se quedaron sin sustento para mantener a sus familias.
Mencionó como ejemplo, el mercado gastronómico en donde de un total de 70 locales, sólo 4 se encuentran abiertos con servicio para llevar, por lo que aunque dijo no prevén sumarse a la huelga de impuestos promovida por algunos empresarios, se verán obligados a hacerlo por la falta de recursos.
«Los señores diputados no se han visto por ningún lado, es lamentable y triste que cuando necesitan aquí andan atrás de uno y ahora vemos que no. Nosotros le pedimos al señor presidente municipal que sea el gestor ante las autoridades que corresponden para bajar los recursos para apoyar a toda esa gente», aseveró el concesionario.
Por último, Garrido Amador expresó que aunque el gobierno federal ha anunciado que se crearán apoyos económicos para quienes atraviesan despidos, hasta ahora no se han concretado, pese a que existen padrones elaborados por el INEGI, en la Secretaría de Hacienda y los municipios en los que se da a conocer información de las actividades que realiza la población.
