- Tampico, Tam.- La falta de conocimiento para una aplicación justa de la ley, la corrupción, incompetencia, corrupción y/o compadrazgos que han imperado en el pasado reciente en el Poder Judicial de Tamaulipas, en aparente contubernio con jueces y magistrados en Nuevo León, han impedido entre otros, ejecutar una orden de aprehensión en contra de Eduardo Uresti Reyes, titular del despacho jurídico Uresti & Abogados Asociados, probable responsable de alterar un pagaré por arriba de 100 mil pesos, según explicó Guillermo Cabrera Olvera, cliente de Toyota Financial México y víctima del jurista.
El tamaulipeco avecindado en Tampico, Cabrera Olvera, informó haber iniciado el juicio penal 343/2010 en contra del abogado Eduardo Uresti Reyes, desde hace casi una década, pero en la Procuraduría local de Tamaulipas y aún con la colaboración de sus homólogos en Nuevo León, se ha hecho poco para hacer efectivo el precepto constitucional que dicta, “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.” debido a que, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, se declaró incompetente por territorio, y declinó competencia a favor del juzgado penal de primera instancia con residencia en Guadalupe, Nuevo León, a pesar de que el articulo 4° fracción III del Código Penal del Estado de Tamaulipas contempla y cubre perfectamente este tipo de situaciones legales ya que, a la letra dice, “Se aplicará, igualmente, por los delitos cuya ejecución se inicie fuera del territorio del Estado y se consumen o causen efectos dentro del mismo, observándose las reglas siguientes: III.- Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al Órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares”.
“Me doy cuenta que el pagaré se encuentra alterado porque aunque no hice ninguno de los 48 pagos en la Sultana del Norte, la Toyota Financial Services México a través de su endosatario en procuración agrega una leyenda donde se supone que me someto a pagar en Monterrey, Nuevo León y a los tribunales de esa ciudad; cuando inicialmente el contrato de crédito en su cláusula décimo sexta (JURISDICCIÓN) y el pagaré en el último párrafo estipulan que para cualquier aclaración nos someteríamos a los juzgados del entonces Distrito Federal, o el domicilio del suscriptor y su aval, es decir en Tampico, Tamaulipas”, explicó para La Jornada, Guillermo Cabrera Olvera, uno de los más de mil mexicanos perseguidos en los estados de la frontera norte de México, (según constancia obtenida de la Red en la página oficial de Uresti www.uaasc.mx<http://www.uaasc.mx/>), actos por demás de fraudulentos de los apoderados legales de una de las empresas automotrices más importantes en el mundo y que bien le vendría el reconocimiento como la ESTAFA MAESTRA NIPONA, en México.
Guillermo Cabrera, adquirió un Toyota Avanza en 2008, pero la iniciante guerra del narcotráfico en Tamaulipas, obligó a la compañía donde trabajaba a recortar el personal, Cabrera fue motivo de baja, sin embargo, continuó pagando las mensualidades del coche con valor factura de 162,700.00 pesos, hasta que se retrasó y Eduardo Uresti Reyes, quien funge como Endosatario en Procuración de la Toyota Financial Services México, lo amenazó, intimidó, amedrentó y abusó de la imagen de la firma japonesa para querer despojarlo del automóvil, y/o los miles de pesos amparados en el pagaré antes citado, según Cabrera en un marcado y sostenido abuso de poder, por lo que decidió actuar penalmente en respuesta a la demanda mercantil 1615/2009 que el titular de Uresti & Abogados Asociados, emprendió en su contra y de su aval en el Juzgado 8° de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, todo esto en plena guerra del narcotráfico en Tampico.
“En marzo de 2011 terminó el juicio mercantil y se me sentenció a pagar $95,171.96, más intereses ordinarios generados desde el día 17 de mayo del 2008 al día de su vencimiento 17 noviembre del 2009, a razón del 12.45%, Impuesto al Valor Agregado sobre intereses ordinarios generados desde el día de su emisión 17 de mayo del 2008 al día de su vencimiento 17 de noviembre del 2009, a razón del 12.45%, intereses moratorios generados desde el día siguiente de su vencimiento, es decir, a partir del día 18 de noviembre del 2008, así como los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, a razón del 33.90%, además se me condena a pagar a la parte actora los gastos y costas que se hayan originado con motivo de la tramitación del presente juicio, previa su regulación en ejecución de sentencia y mediante el incidente respectivo; en mayo de 2012 terminé de pagar y recibí la factura del coche, pero pedí el pagaré y me dijeron que no lo pueden entregar porque está en Legal, y fue hasta el año 2014 que la Procuraduría de Nuevo León, mediante el convenio de colaboración dictaminó sobre ese pagaré y se consignó que, está falsificado por adición, pues le agregaron un texto, siguió el proceso judicial, y en noviembre de 2018 la Agente Segundo del Ministerio Público Investigador por Ministerio de Ley Lic. Paula Elizabeth Miranda Gómez, pide al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado, EJERCER ACCIÓN PENAL en contra de Eduardo Uresti Reyes por aparecer como probable responsable en la comisión del ilícito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, así como también por aparecer como probable responsable del delito de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO solicitando se sirva obsequiar la correspondiente Orden de Aprehensión, misma que fue negada por la razón antes expuesta (de Territorio), y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Miguel Ángel García Luna, también resolvió la improcedencia” dijo preocupado Cabrera Olvera, quien continúa con el litigio penal en contra de quien trató de intimidar a su familia y despojarlos de su patrimonio, quien además forma parte desde noviembre de 2018 de la prestigiosa Barra Mexicana Colegio de Abogados, A. C., según consta en la Revista de la Barra en su número 106, septiembre-noviembre 2018.
“En Mayo del presente año, con razón del Amparo promovido se le notificó a Eduardo Uresti como tercero interesado, es entonces cuando se hace conocedor del estatus actual de este asunto; de la solicitud de Orden de Aprehensión, de la constancia de haber alterado el pagaré, según el Dictamen Pericial de los expertos de la PGJNL, Aaron R. Rodriguez Palacios, y Rafael Carreon García, peritos oficiales en el área de grafoscopia, designados por el instituto de criminalista y servicios periciales en el oficio: 3330-14SG-GRA”, detalló uno de los más de cien tamaulipecos de la zona metropolitana de Tampico, en una situación similar y que, según la base de datos obtenida en internet sumarían alrededor de 20 millones de pesos sólo en la zona sur de Tamaulipas, sin considerar los probables defraudados del centro y norte del estado.
A una década aproximada de distancia que comenzaron los alegatos mercantiles y penales, el señor Guillermo Cabrera Olvera, ha querido solucionar ambas situaciones jurídicas, pero no encuentra una puerta de escucha mediadora por parte de los representantes de Toyota en México y América, por eso intentó construir un canal de comunicación con: Larry Hutchinson, CEO de Toyota Canadá; Mark S. Templin, CEO de Toyota Motors Sales en Estados Unidos; Guillermo Díaz, Director Senior de Operaciones Toyota Motors Sales México; Alex Kuntzy, Director General en México y Rodrigo Perez, Coordinador de Operaciones, entre otros, mostrando documentos de los alegatos y constancia de los correos electrónicos en la plataforma de Prodigy, comunicados que tienen marca de leídos por los prenombrados.
“He repasado los documentos, no me solucionan nada, el desgaste es demasiado para mi y mi familia, y ante la falta de respuesta sigo analizando los documentos y encontrando nuevas y delicadas anomalías; he detectado que las firmas de Alex Antonio Kuntzy Sevilla e Israel Alfaro Lopez, son notoriamente diferentes en el endoso del pagaré; es obvio que no son sus firmas auténticas, y lo demuestro con las firmas de las copias certificadas de las comparecencias realizadas en junio de 2016 en Cuajimalpa, mismas que se dieron con motivo de este proceso judicial, ellos tuvieron que comparecer y las firmas que ponen al calce en esas comparecencias son diferentes a las que obran en el pagaré, son rúbricas claramente distintas, exponiéndolos a estos dos funcionarios y directivos a un nuevo proceso en su contra de manera directa”, adelantó Cabrera Olvera, radicado en Tampico, Tamaulipas y quien solicita la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para encontrar una solución justa, pues en el sexenio pasado, los funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), se declararon incompetentes para involucrarse en el tema, pese a que el Contrato de Compra Venta del vehículo nuevo, firmado por Cabrera Olvera, en mayo de 2008, se encuentra registrado ante la PROFECO bajo el expediente PFC BE 7/2087-2005, además a pesar de ser una Financiera o Empresa que otorga créditos automotrices, la Toyota Financial Services México no esta regulada por la CONDUSEF.