CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al principado de Andorra el congelamiento de 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) del abogado Juan Collado Mocelo, preso en el Reclusorio Norte por asociación delictuosa y «lavado» de dinero.
Fuentes diplomáticas señalaron a EL UNIVERSAL que el bloqueo se pidió derivado de la investigación que el Ministerio Público sigue profundizando contra Collado Mocelo por las transferencias de dinero que realizó seis días antes de ser detenido en la Ciudad de México. En consecuencia, los recursos permanecen bajo la custodia del gobierno de Andorra.
Dichas transferencias fueron realizadas por un total de 11.6 millones de dólares desde una cuenta en Andorra a otra en el BBVA de Madrid, España, a nombre de Collado Mocelo.
La investigación de la FGR derivó de una denuncia presentada por el abogado queretano Sergio Hugo Bustamante Figueroa contra Collado y algunos de sus socios.
Por ello, en julio pasado la FGR señaló a Juan Ramón Collado Mocelo, pues supuestamente formó parte de una red de «lavado» de dinero que despojó a Bustamante Figueroa de un inmueble de su propiedad a través de una compra-venta simulada, superior a los 156 millones de pesos.
Por dicha operación, la FGR señaló que Collado se benefició con 24 millones de pesos, mismos que al provenir de un supuesto fraude se tornan ilícitos.
La FGR le imputó delincuencia organizada y «lavado» de dinero; el juez lo vinculó a proceso y le impuso la medida de prisión preventiva de oficio que lo mantiene preso en el Reclusorio Norte.
Esta investigación provocó que la justicia de Andorra, además de congelar el dinero a petición de las autoridades mexicanas, determinara reabrir el caso por asociación ilícita y «lavado» de dinero que tiene desde el año 2015, reportó el diario español El País.
Además, la juez que conoce del caso ordenó el envío de una carta rogatoria a la FGR, en la que requirió toda la información relacionada con la detención de Collado y los delitos que se le imputan.
El caso de Andorra inició en el año 2015, luego de que las cuentas de Collado y los clientes de la Banca Privada d’Andorra fueron bloqueadas porque la institución cerró por supuestas irregularidades.
Debido a ello, una juez de Andorra ordenó mantener bloqueados los fondos del abogado de Peña Nieto.
Por ello, Collado presentó en el año 2016 una denuncia de hechos ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) para liberar sus cuentas.
Desde julio pasado, Juan Collado informó que abrió sus cuentas en Andorra en el año 2006 y confirmó que fueron congeladas en 2015 por la intervención que se realizó en la Banca Privada d’Andorra por las irregularidades cometidas por la institución financiera.
«Comparecí cuantas veces fue necesario ante las autoridades de Andorra y entregué toda la documentación que me fue solicitada; sin embargo, me pude percatar que existían diversos obstáculos para liberar los fondos, por esa razón, en 2016 presenté una denuncia de hechos –lo que hice público a través de diversos medios de comunicación– ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR); lo que originó una investigación en la que se ordenó una exhaustiva revisión financiera y fiscal sobre mi patrimonio e inversiones», indica el desplegado publicado incluso por esta casa editorial.
La investigación de la justicia de Andorra se archivó provisionalmente en 2018, luego de que la PGR, en la administración de Peña Nieto, decretó el no ejercicio de la acción penal debido a que consideró que los ingresos de Collado tenían un origen lícito.
Por ello, la detención del abogado y la petición de las autoridades mexicanas, el 9 de julio, reactivaron el caso de la fiscalía de Andorra, que desde el 31 de ese mes ordenó el inmediato embargo de 76.5 millones de euros que fueron depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro empresas holandesas propiedad del abogado.
En esta ocasión la fiscalía de Andorra determinó que la detención realizada por las autoridades mexicanas se basó en hechos nuevos hasta ahora desconocidos por dicha entidad extranjera.
Por este asunto, también se encuentran vinculados a proceso y en prisión, José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y José Antonio Vargas Hernández, señalados como socios de Juan Collado.