CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mayoría de los contratos colectivos de México probablemente son falsos, están a favor de las compañías y proporcionan únicamente salarios y prestaciones mínimas, dijo el martes un funcionario de la Secretaría de Trabajo del país.
Sin embargo, los sindicatos detrás de esos contratos son tan débiles que lo más probable es que desaparezcan una vez que se implemente la nueva reforma laboral, comentó Alfredo Domínguez, subsecretario de Trabajo.
“Los contratos colectivos de protección pueden rondar entre el 67% de los contratos colectivos o hasta el 90%, dependiendo de la región” y otros factores, señaló Domínguez. “Es muy común, ustedes pueden ir a pasar a cualquier establecimiento comercial u hotel, pregunten a los trabajadores y les van a decir que no conocen su contrato colectivo, no conocen sus estatutos sindicales”, es más no saben quién es su líder sindical, agregó el subsecretario.
La reforma laboral que fue aprobada en abril solicita votaciones secretas para elegir a los líderes sindicales y una prueba del consentimiento del trabajador para los contratos.
Se requería una reforma para obtener la aprobación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue negociado para reemplazar al TLCAN. Los legisladores estadounidenses y canadienses, molestos de que México atrajo a las plantas de fabricación de automóviles por sus bajos salarios, han exigido que haya un cambio en las leyes laborales que fomente mejores sueldos donde el mínimo sea de uno o dos dólares la hora en algunas plantas.
Aunque la reforma es una mejora, muchos críticos del actual sistema temen que los líderes sindicales de vieja guardia tratarán de proteger su dominio del movimiento laboral. Domínguez, sin embargo, predijo que muchos de los líderes simplemente van a desaparecer.
“Nosotros entendemos que, en muchos de estos contratos de protección, ni siquiera hay detrás realmente una organización sindical”, dijo. “Hay desde representantes que incluso son amigos o familiares de algún abogado o de algún patrón, y que finalmente van a caer por sí mismos, porque son contratos colectivos que no traen vida sindical atrás”.
El viejo sistema, en el que los líderes sindicales a menudo pertenecían al Partido Revolucionario Institucional _que gobernó el país desde 2012 hasta noviembre del año pasado_ era tan anticuado y lento que las denuncias de los trabajadores tardaban entre cuatro a cinco años en resolverse.
“Son procedimientos muy tardados. Gran parte de ellos, si no es que la mayor parte, nunca se pueden ejecutar porque ya pasó demasiado tiempo y las propias empresas demandadas ya ni siquiera existen”, explicó.
Aunque Domínguez espera que los salarios aumenten, dijo que no prevé que haya una nueva ola de huelgas como las que afectaron a unas cuatro docenas de maquiladoras en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en enero.
“Si bien pudiera haber muchos más emplazamientos a huelga, nosotros hemos establecido procedimientos mucho más flexibles, mucho más claros y mucho más equitativos. Estamos apostando a que todo eso se resuelva a través de mecanismos de conciliación”, añadió.
El movimiento de huelgas en Matamoros ha sido criticado debido a que abogados laborales y activistas externos se involucraron. Domínguez dijo que, bajo la reforma, se permitirían la solidaridad y consejos de los activistas externos a los sindicatos, pero no la participación directa en huelgas o negociaciones.
En tanto, comentó que el gobierno no está a favor de utilizar a las fuerzas policiales para tratar de romper las huelgas, como ocurrió en un par de ocasiones en Matamoros.
“Sentimos que, en muchos casos, lejos de servirnos la fuerza, al contrario, es contraproducente”, señaló.