CARACAS.- El chavismo aprieta y aprieta, sabedor de que en estos días se juega el futuro de la revolución bolivariana. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron a Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento, en la primera acción policial contra los 10 diputados acusados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El dirigente de Acción Democrática fue sorprendido en la puerta de la sede de su partido en Caracas. Al negarse a abandonar su auto blindado, la policía política utilizó una grúa para forzar su detención y trasladarlo al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
«Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos , pero no lo van a lograr», reaccionó Juan Guaidó , presidente encargado, tras confirmar la detención.
Horas antes, la revolución había sumado a tres diputados de Voluntad Popular (VP) a la lista de siete a los que se les arrebató su inmunidad parlamentaria de forma ilegal en un día de ofensiva plena del chavismo. El gobierno también decretó la expulsión y degradación de 55 militares que participaron en la fallida asonada del 30 de abril (30-A), conocida como «el Carlotazo».
Los diputados señalados son Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano y Sergio Vergara, todos ellos dirigentes del partido de Guaidó y del exprisionero político Leopoldo López. Vergara, jefe de bancada en el Parlamento democrático, suple además a Roberto Marrero como mano derecha del líder opositor. Mejía es uno de los principales dirigentes del partido y Superlano encabeza la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), donde se realizan las investigaciones de las tramas de corrupción chavistas.
La diputada Mariela Magallanes, una de las seis imputadas el martes, se adelantó al Sebin y decidió refugiarse en la residencia del embajador de Italia en Caracas. Sobre ella y sus nueve compañeros recaen los mismos delitos: traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, pública desobediencia de las leyes, concierto para delinquir, usurpación de funciones y odio continuado. Todos los señalados acudieron al llamado del presidente encargado durante la rebelión militar de la semana pasada.
Magallanes, dirigente de La Causa R, está casada con un ciudadano italiano, una de las colonias de emigrantes más numerosa en Venezuela, junto a la española y la portuguesa. Diputada por Aragua, encabezó muchas marchas y protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro .
«Se garantizarán todas las protecciones y hospitalidad posibles», confirmó la embajada europea. En otra residencia, la del embajador español, Jesús Silva, se encuentran desde el martes pasado Leopoldo López, en condición de huésped, junto a su mujer, Lilian Tintori, y su hija pequeña Federica.
Los otros parlamentarios perseguidos son Henry Ramos Allup, líder de la socialdemócrata AD; Américo de Grazia, compañero de Magallanes en La Causa R; Simón Calzadilla, del Movimiento Progresista; Richard Blanco, de la Fracción 16 de Julio, y el independiente Luis Florido. «Que me vengan a meter preso. Yo ni me voy a asilar por una embajada ni voy a tomar una trocha [paso fronterizo clandestino] ni me voy a ir del país», respondió Allup.
Guaidó, que también preside la AN, defendió a sus diputados acusando a los dos «ilegítimos» órganos revolucionarios de estar por encima de la voluntad de 14 millones de venezolanos. «Los allanamientos de inmunidad no detendrán la calle y el cambio en Venezuela «, subrayó el líder opositor, que de momento se mantiene al margen de la arremetida revolucionaria, en una decisión que levanta un mar de suspicacias. Para la fiscal rebelde Luisa Ortega, «el régimen le tiene miedo a Guaidó, no se atreve a tomar una decisión contra él y la manera de atacarlo es atacar a quienes le acompañan».
Y no solo políticos, también militares. El boletín oficial confirmó la expulsión de los 55 militares inmersos en el 30-A. A la cabeza, el general Cristopher Figuera, director hasta la semana pasada del Sebin. Y junto a él, cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis tenientes y 35 sargentos.
Figuera se encuentra refugiado en un país vecino, mientras al menos 25 de estos militares buscaron la protección de la embajada de Brasil. Según Washington, aquel día fallaron tres pesos pesados del chavismo, entre ellos, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, que compareció ante los medios para ratificar su compromiso «con la patria y el pueblo».
Moreno, que antes de ser situado por Maduro al frente del TSJ fue policía político y estuvo acusado de dos homicidios, realizó una declaración pública de amor revolucionario, pese a las distintas informaciones que sitúan a un millonario empresario boliburgués, muy cercano a él, en el epicentro de la conspiración.
«Son muchos los que están alrededor de Maduro y quieren su cabeza», sentenció Ortega.