El Gobierno colombiano elevó este lunes la presión a Venezuela para que aclare si en su territorio se ocultan miembros de la cúpula de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, de ser así, que proceda a detenerlos. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, se dirigió al Ejecutivo de Nicolás Maduro después de que el pasado jueves un atentado de ese grupo armado causara una veintena de muertos en la principal academia de policía del país.
“Saben lo que le hemos venido planteando a Venezuela desde hace mucho tiempo, no hemos tenido respuesta con respecto a este punto. Han sido algunas posiciones evasivas”, dijo el ministro durante una comparecencia. “Aprovecho esta oportunidad para reiterarle al Gobierno de Venezuela que estamos pendientes de la respuesta concreta”, enfatizó al ser preguntado al respecto. Colombia exige al país vecino que, una vez localizados los cabecillas de la organización, haga efectivas “las órdenes de captura, aprehenderlos y ponerlos a disposición de las autoridades”.
Las fuerzas de seguridad colombianas cuentan desde hace tiempo con información que sitúa al otro lado de la frontera al menos a tres miembros del comando central del ELN. La guerrilla reivindicó el atentado la pasada madrugada a través de un comunicado después de que el Gobierno la responsabilizara del ataque. “La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra”, afirmó el grupo armado, que nunca ha dejado de delinquir, cometer actos terroristas y secuestros. En su pronunciamiento califica, además, la escuela de cadetes de «instalación militar», aunque la realidad es que todos los jóvenes asesinados por la explosión del coche bomba estaban en fase de instrucción.
El presidente Iván Duque dio por enterrado, al menos por el momento, cualquier intento de negociación para lograr la desmovilización de sus cerca de 1.500 guerrilleros a través del diálogo. Este lunes se trasladó al municipio de Tibú, en la frontera con Venezuela, para encabezar un consejo de seguridad en una de las zonas más afectadas por la violencia del ELN. Mientras tanto, Holmes Trujillo y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, volvieron a apremiar a Cuba para que sus autoridades detengan a la delegación que desde el año pasado está instalada en la isla para participar en la mesa de diálogo.
Las conversaciones con el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos, que se iniciaron en Quito, capital de Ecuador, a principios de 2017, sufrieron un revés cuando Duque asumió el cargo el pasado mes de agosto. El mandatario colombiano rechaza negociar en medio del conflicto como lo hizo su antecesor. Pero ahora, tras el atentado, su objetivo es lograr que la cúpula de la guerrilla sea sometida a la justicia.
“Este atentado no tiene justificación alguna y está siendo calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un acto terrorista. No puede haber ninguna manifestación de perdón o amparo con un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal”, manifestó Ceballos. “El Gobierno Nacional no puede permitir que los responsables de este acto terrorista regresen a las filas del ELN y se internen en las selvas de Colombia para huir de la justicia», continuó.
El Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel afirmó que respetará los protocolos firmados con el ELN, que fijaban las condiciones del diálogo y no contemplaban la solicitud de Duque. A pesar de ello, el alto comisionado hizo hincapié en los acuerdos bilaterales. “La cooperación judicial entre Cuba y Colombia incluye la extradición como una vía para llevar a la justicia a los responsables de este crimen, que ha sido calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH como un acto terrorista”, explicó.
